QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Atender a las dificultades de la llamada España vaciada para sacar dinero o acceder a cualquier otro servicio básico ha sido una de las preocupaciones en Congreso y Senado en los últimos años.
Las soluciones, hasta ahora, han venido de los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Economía con las patronales bancarias, pero en estos últimos meses las Cortes impulsaron una reforma que dará cobertura legal a buena parte de esos acuerdos.
Correos quedará establecida legalmente como garantía del Estado para el acceso a servicios financieros básicos y a la propia atención y relación con la Administración Pública.
En sus oficinas podrá efectuarse el pago de tributos y multas, percibir subvenciones y ayudas públicas y proceder a la acreditación de la identidad digital. Sus instalaciones también expedirán documentos con fines administrativos o de seguridad pública.
No son servicios novedosos. La empresa pública cuenta tiene suscritos acuerdos con 251 entes de la Administración, entre diputaciones, comunidades autónomas o entidades locales, también para el pago de impuestos.
Y facilita la disposición de dinero en efectivo a través de su servicio Correos Cash, en colaboración con el sector bancario, a partir del acuerdo suscrito con las patronales del sector en 2022.
A partir de ahora, dicha función formará parte de las bases legales de la compañía, al contemplarse la prestación de servicios de interés general que se le asignen en una nueva disposición a la Ley 43/2010 del servicio postal universal.
La reforma fue incluida en el Congreso durante la tramitación de la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) dirigida a incentivar fiscalmente el alquiler de vivienda en las islas, y que la semana pasada celebró sus últimas votaciones en el Congreso antes de su publicación en el BOE y entrada en vigor.
Con ella se extiende cinco años más, hasta 2030, la designación de Correos como operador responsable del servicio postal universal y le reconoce una serie de servicios económicos a prestar con el objeto de contribuir a la cohesión territorial, económica y social.
Además de los servicios mencionados, se prevé que Correos deba poner a disposición del Estado medios personales y materiales que se requieran ante necesidades de seguridad o emergencia.
Estos servicios permitirán incrementar el volumen de ingresos a percibir por la compañía en base al contrato-programa plurianual que se suscriba con el Estado. La reforma prevé la posibilidad de anticipar un mecanismos de pago a fijar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a liquidar posteriormente.
Ventanilla más que caja postal
La reforma consolida un papel que Correos lleva cumpliendo en los últimos tres años como garante de los servicios financieros en las zonas rurales. En el último informe del Observatorio de Inclusión Financiera –iniciativa impulsada por la banca para buscar soluciones al respecto–, a 31 de diciembre de 2024, se computaron 4.679 oficinas de Correos que permiten la retirada de efectivo (82 oficinas menos que en 2023).
Las oficinas permiten el acceso al dinero en efectivo a 41.656 habitantes de municipios que no cuentan con ninguna otra forma presencial de acceder a servicios financieros básicos.
El servicio convierte a Correos en una ventanilla de la banca en la España rural, pero está lejos de recuperar una banca pública en la que depositar ahorros y con la que competir en la concesión de créditos con el resto de entidades.
Sumar persigue la idea de recuperar la vieja caja postal y ve en Correos el instrumento idóneo, por su gran capilaridad y el paso dado para ocupar el espacio físico y de atención presencial al que las entidades financieras renuncian para abaratar costes.
Fuentes de esta formación confirman a Demócrata que, aunque esto no haya sido posible en la tramitación de esta reforma, impulsarán próximamente iniciativas al respecto en pos de este objetivo.
