QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública previa un Proyecto de Real Decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Sanidad Ambiental. El objetivo del Gobierno es desarrollar un sistema integrador de los diferentes riesgos ambientales que impactan en la salud de la ciudadanía.
La cartera comandada por Mónica García pretende que este modelo se elabore en coherencia con las peculiaridades y características inherentes a cada riesgo, a saber, calor, enfermedades hídricas, disruptores endocrinos, etc.
El Ejecutivo normalizará la información a recoger por el sistema y posibilitará el desarrollo y uso de las tecnologías más adecuadas para cada factor ambiental. Además, armonizará el Sistema de Vigilancia tanto entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, como a nivel estatal e internacional.
Se propiciaría, también, el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados desde Naciones Unidas en la Agenda 2030.
Esta norma surge de la necesidad de completar, más allá de las enfermedades transmisibles, la configuración y el funcionamiento del Sistema de Vigilancia llevado a cabo hasta el momento por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), adecuando su estructura y funcionamiento y cumplir así con la legislación vigente.
Además de regular los fines y el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Ambiental ante riesgos como los derivados de los contaminantes químicos emergentes o no emergentes, vectores transmisores de enfermedades o eventos extremos fruto del cambio climático; el Real Decreto especificará de forma no exhaustiva los factores ambientales y el impacto en la salud a vigilar, la información que ha de recopilar el Sistema, el mecanismo, la forma y la periodicidad de recogida de datos y el circuito bidireccional de comunicación.
Por último, esbozará, acorde a los otros sistemas de vigilancia, el marco normativo en el que se desenvolverá la vigilancia de la sanidad ambiental en España en los próximos años, aportando información en la Red de Vigilancia en Salud Pública, coordinada por el Ministerio de Sanidad y gestionada con las comunidades autónomas, lo que contribuiría a cohesionar el desarrollo del Sistema de Vigilancia de los riesgos ambientales en toda España.
