QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Coronado el año con unos nuevos Presupuestos, nuevos impuestos temporales y el delito de sedición derogado, el Gobierno parece decidido a no aflojar el ritmo. La intención es comenzar el curso con dos de sus compromisos estrella, atascados en el Congreso: la Ley de Vivienda y la nueva Ley de Seguridad ciudadana, que viene a derogar y reformar la conocida como ‘Ley Mordaza’.
En el caso de la Ley de Vivienda, la norma acumula retraso tras retraso por desavenencias entre los socios y las resistencias del PSOE a intervenir los precios. Según los compromisos trasladados a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, la norma debía estar aprobada en Congreso y Senado antes del pasado mes de septiembre.
Tras llegar al Congreso hace casi un año, en febrero de 2022, y tener sus enmiendas registradas en abril, la tramitación de la norma se atascó en tres aspectos: la regulación de los precios del alquiler, las garantías para impedir desahucios y las viviendas de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’ que acumuló las propiedades inmobiliarias de los bancos durante su rescate en la anterior crisis.
Los equilibrios parlamentarios
La norma únicamente puede salir adelante con el acuerdo de los socios del Gobierno de coalición, Esquerra Republicana y Bildu. PP y Ciudadanos rechazan la regulación de precios, que tampoco convence ni a PNV ni a PDeCAT. Estas cuatro formaciones trataron de tumbar la ley en su primera votación en el Congreso.
Sin embargo, ERC y Bildu ya han avisado al Gobierno que sólo darán su apoyo a una norma que tenga el aval de los colectivos por el derecho a la vivienda y no limiten la capacidad normativa de los gobiernos autonómicos, competentes en materia de vivienda. En el caso de Cataluña, con varias normativas de intervención de precios a sus espaldas.
Con este tablero de juego, el PSOE se abrió a finales de año a ceder en algunas de las líneas rojas, en busca de un acuerdo. Las reuniones y contactos con su socio de Gobierno y a cuatro bandas, con ERC y Bildu, han sido constantes, incluyendo las semanas de parón navideño.
El Gobierno ha solicitado al Congreso habilitar la actividad parlamentaria en enero, mes inhábil, para avanzar en su tramitación. La intención es aprobar la ley este mes , al menos en la Comisión de Transportes, y fuentes cercanas a la negociación no descartan la constitución de la ponencia (fase preliminar a la Comisión) la próxima semana.
Todo depende del resultado de las reuniones pendientes esta semana, en la que los grupos implicados buscan un acuerdo
La regulación de precios: cómo y a quién
El proyecto que salió del Consejo de Ministros habilita a las comunidades a declarar zonas tensionadas para intervenir los precios. Sin embargo, únicamente es posible rebajar la renta del alquiler, según un índice de precios, para contratos en los que la propiedad sea una empresa gran tenedora. Para el resto, límites de hasta un 10% e incentivos fiscales para los propietarios que ‘congelen’ las rentas o las rebajen
La nueva ley define al gran tenedor como el propietario de más de diez inmuebles. Un umbral que reduciría en gran medida el alcance de la regulación, según alertan Unidas Podemos, ERC y Bildu, que exigen extender a todas las viviendas de un área tensionada. Durante esta fase de la negociación, el PSOE ha aceptado rebajar este límite, aún no fijado.
Desde la mesa de la negociación esbozaban hace unas semanas la vía intermedia de que la ley habilitara a las comunidades autónomas a rebajar este umbral en caso de necesidad. La propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado esta posibilidad en una entrevista a El Periódico este fin de semana. La oferta del PSOE es abarcar, si así lo consideran las comunidades, viviendas de propietarios con hasta cinco inmuebles, aunque ERC y Bildu exigen que la regulación afecte a todas las viviendas, sin importar el tipo de propietario.
Nuevos contratos y entrada en vigor
Otro de los caballos de batalla, confirman fuentes de la negociación, es incluir en la regulación los nuevos contratos. Según Unidas Podemos, la redacción en la que se trabaja dejaría fuera de la regulación los nuevos contratos, incentivando a los grandes tenedores a retirar las viviendas fuera del mercado del alquiler para luego ofertarlas sin intervención.
Finalmente, el PSOE ha aceptado rebajar el plazo de 18 meses para hacer efectiva la regulación desde la entrada en vigor de la ley, un margen que los colectivos de vivienda consideraban inasumible ante la situación actual del alquiler.
Desahucios: dar más tiempo para hallar alternativa
En lo relativo a los desahucios, las propuestas de los colectivos de vivienda defendidas por Unidas Podemos, ERC y Bildu pasan por imitar el modelo de las regulaciones aprobadas en Cataluña para obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social.
Concretamente, estos grupos plantean que los grandes caseros deban ofrecer a inquilinos en situación de vulnerabilidad una alternativa de renta reducida antes de interponer una demanda de desahucio o iniciar acciones derivadas de reclamaciones hipotecarias
Esta opción está descartada, ante las dudas del PSOE sobre la legalidad de imponer tales obligaciones. Desde la principal formación del Gobierno esgrimen que deben de ser las administraciones las que proporcionen este tipo de alternativas. Para buscar un acuerdo, ha planteado modificar los procedimientos para asegurar una serie de garantías.
La idea, explican diferentes fuentes de ambos partidos de la coalición, es prolongar estos procesos con una serie de hitos y requisitos para dar más tiempo a las administraciones competentes en servicios sociales. Si no hay una solución antes, el proceso se alargaría durante más de un año o incluso casi dos años.
La alternativa planteada por el PSOE introduciría la mediación y el arbitraje y, según aseguran en Unidas Podemos, se incorporarían las recomendaciones del Comité DESC (Derechos económicos, sociales y culturales) de Naciones Unidas, garantizando «un juicio de proporcionalidad».
