QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar quiere exprimir lo que quede de legislatura con la vivienda como principal apuesta y llevar al PSOE una nueva batería de propuestas para afrontar la crisis de precios.
Alertan, de hecho, que el esfuerzo salarial para poder comprar una vivienda ya supera en comunidades como Baleares el exigido en 2008, en plena burbuja inmobiliaria previa al estallido de la crisis.
Por ello exigen a su socio adoptar medidas decididas, empezando por el futuro Plan Estatal de Vivienda, que deberá aprobarse a finales de este año para el período 2026-2029, un marco temporal por encima de la vigencia del actual Gobierno.
Si la apuesta de Pedro Sánchez es triplicar los fondos previstos en el anterior marco (de 2.300 millones a 7.000 millones), Sumar plantea multiplicar por nueve la propuesta del presidente del Gobierno, con 65.000 millones de euros.
De esta forma, esgrimen los de Yolanda Díaz, se estaría invirtiendo un 1% del PIB al año, unos 16.000 millones de euros.
Ven posible devolver los fondos con alquileres asequibles
Además de los 7.000 millones que propone Sánchez, Sumar quiere emplear los fondos europeos que España no consigue ejecutar y dirigirlo a un gran fondo de vivienda con el que levantar un gran parque público de vivienda.
Las estimaciones de Sumar es que, pese a suponer un endeudamiento –esta segunda parte del Plan de Recuperación se basa en créditos blandos en el caso de España, que concentró en los primeros años las transferencias directas—la operación es neutra en términos presupuestarios.
Y ello, remarcan, por las ventajosas condiciones de los créditos –carencia de 10 años sin intereses y a tipos más rebajados que los del mercado—y la posibilidad de recuperar la inversión a partir de exigir alquileres a precios asequibles.
La inversión, aseguran desde el equipo económico del grupo parlamentario, se recuperaría únicamente con exigir rentas de entre 400 y 600 euros para una vivienda de 80 metros cuadrados que se construya en suelo público.
Otro argumento de fuerza es que la plurianualidad del plan permitiría a España no perder los fondos que no se ejecutaran, ya que podrían distribuirse en varios ejercicios.
¿Qué características tendría este gran fondo?
Sumar quiere, igual que hace la Comisión Europea, condicionar los recursos a través de hitos y cronogramas, con el objetivo principal de levantar un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible no desclasificable.
Y que ese fondo sea competitivo. A pesar de que una parte se asigne en función de las necesidades de vivienda por cada comunidad, si una administración no ejecuta su parte, esta vuelva a reasignarse entre el resto.
Primero, movilizar vivienda vacía
El torrente de recursos, en todo caso, no iría dirigido a la construcción de forma prioritaria. Sumar quiere que, en una primera instancia, las administraciones promuevan la recuperación de vivienda no movilizada en el mercado de alquiler, a través de un régimen de rentas aseguradas en el que el casero sea el sector público, y alquiler a precios asequibles.
Y, para aquellas viviendas que aun así permanezcan vacías, los de Yolanda Díaz proponen castigar a sus propietarios con recargos fiscales. También la extensión del derecho de tanteo y retracto para que, ante posibles ventas de vivienda, la Administración tenga prioridad
Sólo contemplan construir en las zonas más tensionadas, cuando movilizar vivienda vacía sea insuficiente, pero sin contar con el sector promotor, ya que quieren evitar el sobrecoste que supone externalizar la gestión de estas viviendas y asegurar que toda vivienda continúe formando parte del parque público.
Toda vivienda del parque público formaría parte de un registro público que identificaría cada unidad con su precio, el número de inquilinos y su ubicación.
Además de ello, plantea exigir a los ayuntamientos un plan de intervención que busque la erradicación de todo alquiler turístico ilegal, con objetivos de carácter anual en las zonas de mayor demanda.
Nueva ley para profundizar la Ley de Vivienda
Además de todas las recetas mencionadas, Sumar está decidida a seguir defendiendo el resto de propuestas en materia de vivienda, aun asumiendo la negativa de su socio e incluso la imposibilidad parlamentaria de llevarlas a cabo.
Para ello trabajan en una futura proposición de ley –su propia Ley de Vivienda y Suelo—con reformas dirigidas a ampliar la oferta, impedir actividades especulativas, controlar los precios y ampliar las garantías de inquilinos e hipotecados.
La fiscalidad, como en tantas otras iniciativas, cobra especial importancia para penalizar vivienda vacía y recompensar a aquellos propietarios que decidan alquilar sus viviendas por debajo del índice de precios. Pero, al mismo tiempo, no bonificar en ningún caso a caseros que alquilen más caro.
Respecto al índice de precios, quieren mejorar el sistema para relacionar el precio con la renta mediana de los hogares de cada barrio, y no en función de las rentas del alquiler de cada zona.
En materia urbanística, Sumar quiere ampliar del 30% al 40% el mínimo de edificabilidad reservada a vivienda protegida y fijar un plazo máximo para edificar suelo urbanizable. Si a partir de ese plazo no hubieran comenzado las obras, el suelo quedaría cedido al sector público para su Constitución.Otras propuestas pasan por la prohibición de toda compra en una zona tensionada que no tenga como finalidad vivir en la vivienda y de los apartamentos turísticos, la promoción de contratos de alquiler de duración indefinida y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.
