La crisis energética acabó devorando la que iba camino de ser la Legislatura de la pandemia. Los precios empezaron a dispararse ya en 2021, obligando al Gobierno a aplicar sucesivas rebajas fiscales y a actuar sobre los márgenes de las eléctricas. Más tarde llegaría el llamado ‘tope al gas’ y, como colofón, el nuevo gravamen temporal a las grandes energéticas para sufragar la respuesta económica a la crisis de precios.
Ninguna de estas medidas aparecen en el balance legislativo de la Comisión de Transición Ecológica, al ser todas ellas medidas aprobadas a través de decretos ley, a excepción del nuevo gravamen, tramitado en una proposición de ley en la Comisión de Asuntos Económicos.
“Ha sido la legislatura de la invasión de competencias del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y no es una definición caprichosa, es un hecho objetivo y constatable”, sentencia Juan Diego Requena, portavoz del PP en la Comisión, al comparar un balance de dos leyes en materia energética –la de los nuevos gravámenes y la Ley de Cambio Climático– frente a casi una veintena de decretos en esta materia.
LEYES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICALey para intensificar la reducción de emisiones de GEI - 10/11/2020Ley de cambio climático y transición energética - 8/4/2021Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves - 26/5/2021Ley de residuos y suelos contaminados - 16/12/2021Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor - 13/7/2022
Los decretos se tramitaron como proyecto pero no avanzaron
Casi la mitad se tramitaron como proyectos de ley, como el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, el plan de contingencia +SE de reducción del consumo energético ante un posible escenario desabastecimiento o un decreto para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de las energías renovables.
La Comisión no ha aprobado ni uno de los decretos ley tramitados como proyectos de ley. Acabaron bloqueados en la Mesa
“La Comisión no ha tramitado ni uno”, censura Requena, que cree que el presidente de la Comisión, Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) “no ha actuado con libertad para dar trámite a estas iniciativas”.
“Se nos han quedado en la Mesa un buen número de decretos que no se han tramitado”, abunda Joan Capdevila, portavoz de Esquerra Republicana y crítico habitual del atasco de las normas a la espera de sus enmiendas. Entendiendo la urgente necesidad por la pandemia de Covid-19 y la crisis energética, cree que estas circunstancias justifican “sólo en parte”, dice, “la poca escucha del Ejecutivo” durante la legislatura.
El diputado catalán da un aprobado raspado al balance legislativo de la Comisión, que resume en pocas palabras: “Ocasiones perdidas y ambición moderada. Demasiado moderada cuando se trata de la Comisión que se debe enfrentar a una Declaración de emergencia climática”, explica Capdevila, que se queda con ganas de aprobar la trasposición de la directiva europea de las comunidades energéticas, con autoconsumo compartido de 5 a 20 kilómetros en zonas rurales o la normativa del gestor de demanda.
¿Y la reforma del mercado eléctrico?
También una reforma integral del mercado eléctrico, tal y como prometía el Gobierno de coalición y llegó a comprometer en una de las disposiciones de la Ley de Cambio Climático. La reforma no ha llegado en esta legislatura, al haberse condicionado a las negociaciones en el ámbito europeo.
La crisis energética dio al traste con el Fondo de Sostenibilidad, ideado para descargar de la factura costes fijos de la factura eléctrica
De hecho, pese a haber aprobado al inicio de la crisis energética medidas como el tope a la retribución de determinadas instalaciones de generación eléctrica que no emplean gas para su generación (tope reformado semanas después para exceptuar ventas a plazo), el Gobierno ha preferido trasladar al ámbito comunitario estos debates. La conocida como ‘solución ibérica’, por ejemplo, se aprobó tras la negociación con el resto de países de la Unión Europea.
La crisis energética dio al traste con otras dos reformas impulsadas como proyecto de ley. Una para recortar la retribución a eléctricas generadoras (fundamentalmente hidroeléctricas y nucleares), justificado en los derechos de emisión de CO2, en un mecanismo similar al aprobado por el sobrecoste del gas, y otra para reordenar los costes de todo el sector energético.
Reformas energéticas que quedaron atrás
Se trataba del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al cual todos los operadores energéticos debían aportar en función de su volumen de negocio para financiar parte de los costes fijos de la factura de la luz (retribuciones de las primeras instalaciones renovables, cogeneración y residuos, el llamado Recore y coloquialmente conocidas como las ‘primas’ de las renovables).
