QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En plena disputa sobre cómo lograr una rebaja en los precios de la alimentación, el Congreso es testigo de otro enfrentamiento del Gobierno de coalición. Concretamente, en una norma que impacta de lleno en la cadena alimentaria, el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Y en él, Unidas Podemos también le pide al PSOE mano firme frente a la industria y la distribución. O, al menos, no rebajar la propuesta inicialmente planteada por propio el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas.
Con el objeto de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y mejorar su aprovechamiento, la norma obliga a todos los operadores de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio.
Las sanciones iniciales, de hecho, eran hasta mayores que las que propone ahora el grupo confederal
Este plan deberá contar con medidas para minimizar pérdidas y destinar su uso con la prioridad máxima del consumo humano, a través de la donación o su redistribución. No contar con este plan estará tipificado como infracción grave, sancionada con multas de entre 2.001 euros y 60.000 euros.
Otra de las obligaciones será la suscripción de convenios o acuerdos para la donación de alimentos no vendidos que sigan siendo aptos para su consumo. Su incumplimiento por parte de las empresas de la industria, la distribución, hostelería y restauración que no pudieran justificar su imposibilidad incurrirán en infracción leve, castigada con hasta 2.000 euros.
Un castigo que, en todo caso, Unidas Podemos considera insuficiente, ya que proponen elevar las multas hasta los 6.000 euros por infracciones leves, 100.000 euros para las infracciones graves y hasta un millón de euros para las muy graves.
Las sanciones eran mayores en el anteproyecto
El socio minoritario del Gobierno critica que la cuantía de las multas se ha reducido “significativamente” al llegar al Congreso. Asegura que el anteproyecto que aprobó el Ministerio de Agricultura y sometió a audiencia e información pública contenía un mayor nivel de exigencia, al contener varias de las propuestas que ahora plantea en sus enmiendas.
Las sanciones, de hecho, eran hasta mayores que las que propone ahora el grupo confederal, con límites de un millón para las infracciones muy graves, 150.000 euros para las graves y 6.000 euros para las infracciones leves
Argumentan que la rebaja de multas minora también el efecto preventivo y motivador que pueden tener para el cumplimiento de las obligaciones que recoge la norma.
Aun considerando su efectividad para promover las buenas prácticas, en Unidas Podemos defienden necesario combinar estas sanciones con otras medidas —campañas de sensibilización, por ejemplo— y reivindican mecanismos de control e inspección adecuados y armonizados con las administraciones autonómicas.
Menos margen para eximir a los súper
No es la única queja del grupo confederal respecto a la propuesta inicial. Por ejemplo, destacan la reconfiguración de obligaciones a recomendaciones dentro de un apartado de buenas prácticas. Es el caso de disponer de infraestructuras adecuadas para minimizar el desperdicio o la elaboración de campañas de formación y sensibilización.
También el umbral de tamaño fijado a partir del cual los supermercados estarían obligados a llegar a acuerdos o convenios para la donación de sus excedentes. Si en un principio estaba fijado en 400 metros cuadrados, el proyecto que llegó a las Cortes lo fija en 1.300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público.
En el catálogo de infracciones, proponen tipificar como grave impedir la donación de alimentos en un contrato y no entregar excedentes a personas favorecidas en el caso de las entidades sociales —dos conductas consideradas en el proyecto como infracción leve— y añadir la destrucción intencionada de alimentos aún válidos para su consumo.
