El Ministerio de Vivienda aprobará este mismo año la regulación que propone para el alquiler de temporada. La ministra Isabel Rodríguez comprometió este lunes que la normativa verá la luz antes de 2025.
La idea del Ministerio era incluir esta normativa, cuya urgencia ha enfatizado el reciente rechazo del Congreso a la propuesta de los sindicatos de inquilinas, en la trasposición del reglamento europeo sobre contratos de vivienda de corta duración (Reglamento 2024/1028).
Esta norma implanta un registro único a nivel europeo para facilitar a todas las administraciones la información de estos contratos siempre que hayan sido anunciados en plataformas digitales y así facilitar la posible detección de situaciones fraudulentas.
La complejidad de esta herramienta, que no es aplicable hasta mayo de 2026, amenazaba con retrasar la normativa. Vivienda fechó su aprobación a finales de 2025, con visos a tratar de adelantar unos meses más su aprobación.
Finalmente, el departamento que dirige Rodríguez ha decidido aprobar su normativa este mismo año y que la puesta en marcha del registro se produzca una vez esté lista la herramienta.
Fuentes del Ministerio fechan la futura aprobación de la normativa en dos o tres meses, por lo que el decreto podría elevarse al Consejo de Ministros entre noviembre y diciembre. Al tratarse de un desarrollo reglamentario y no tener rango de ley, la norma no exige ninguna votación en el Congreso.
¿Qué propone Vivienda?
Con la nueva normativa, Vivienda busca reforzar la causalidad de los contratos de temporada o estacional, y para ello propone que todo alquiler de este tipo deba estar asociado a una causa concreta, que debe de estar acreditada y que sea esta causa la que determine la duración del contrato.
El objetivo es combatir las situaciones de fraude, ya que detectan un aumento de estas fórmulas contractuales por parte de propietarios que buscan escapar de las garantías que ofrece la Ley de Vivienda para el alquiler de vivienda habitual.
Consulta pública
En la consulta pública previa lanzada para elaborar este decreto, el Ministerio señala la ausencia de información sobre estos contratos como una barrera para que las autoridades evalúen el impacto de los alquileres de corta duración, tanto los de temporada como los turísticos, y adopten políticas al respecto.
Entre esta información cita la identidad del anfitrión, el lugar donde se ofrecen los servicios y la duración del contrato.
En este sentido, destaca cómo la causa supone un elemento fundamental para distinguir en la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU) los contratos de alquiler de temporada del resto de contratos de vivienda habitual, sin que exista un plazo determinado para recurrir a una u otra fórmula.
La ausencia de información sobre los contratos –un problema que el registro único de contratos vendría a resolver– ha afectado a esta causalidad, facilitando «un porcentaje relevante» de alquileres en situación de fraude de ley, según el Ministerio.