El informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo y sobre el funcionamiento del Servicio de Minas ha centrado parte del pleno ordinario celebrado este martes. El consejero de Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha explicado, en respuesta a las cuestiones planteadas por Foro y PP, que las derivadas políticas del documento pasarán por aplicar las once recomendaciones incluidas en el mismo y por asumir los compromisos anunciados el pasado miércoles por el presidente Adrián Barbón.
Según ha recordado Sánchez, el informe fue encargado por el propio presidente del Principado, "con bastantes críticas" y ha reiterado que "el informe no señala ninguna responsabilidad política, sino que lo que señala son ámbitos de mejora".
En esa línea, el consejero ha subrayado que "La asunción de responsabilidad política es esa, es decir, el propio presidente encarga el informe y el propio presidente asume las 11 recomendaciones y además en algunas va un paso más allá. Pues oiga, si eso no es asumir responsabilidades políticas, pues no sé yo qué es entonces. Y en ese marco es en el que vamos a trabajar".
Ha remarcado igualmente que el documento "no establece ninguna relación de causa-efecto entre las consideraciones administrativas que pone de relieve y el accidente". Ha recalcado que "No hay correlación entre el proyecto de investigación complementaria de Cerredo y el accidente. La responsabilidad del accidente corresponde a una empresa que estaba realizando una actividad ilegal, para la cual no tenía permiso. Por tanto, y esto es una cuestión además que he dicho varias veces, correlación no implica causalidad".
El titular de Industria ha querido puntualizar además que "el Servicio de Minas no es un caos", y ha afirmado que "habrá cuestiones que se puedan mejorar, igual que si miramos, cualquier ámbito de la Administración". Ha apuntado que, si se analizan y auditan distintos órganos, "entre ellas los partidos políticos", probablemente aparecerían también deficiencias y "zonas donde se podría mejorar".
En defensa de su labor al frente de la consejería con competencias en minas, Sánchez ha recordado que se trata de "Un mandato que, por cierto, asumí casi hace un año, a final del mes de abril de 2025 y que ha venido marcado por una gestión transparente, una gestión que además ha seguido un cumplimiento estricto de la normativa, de los procedimientos administrativos reglados y del restablecimiento de una normalidad de funcionamiento de un departamento que estuvo convulsionado por este accidente".
El primero en sacar esta cuestión en el hemiciclo ha sido el diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián Pumares, que ha preguntado al consejero "qué consecuencias políticas tendrá el informe de la Inspección General de Servicios relativo al funcionamiento del Servicio de Minas".
Críticas de Foro y del Partido Popular
Adrián Pumares ha reprochado a Borja Sánchez que "le cuesta más que a otros asumir esa estrategia diseñada por la Federación Socialista Asturiana y secundada también por algunos diputados de esta cámara, para evitar que el demoledor informe de la Inspección General de Servicios" tenga consecuencias políticas de mayor calado.
El parlamentario de Foro ha advertido al consejero de que, a su juicio, al presidente del Principado no le distingue precisamente la lealtad hacia sus colaboradores. Ha pronosticado que Adrián Barbón "va a cesar a Nieves Roqueñí en las próximas semanas como presidenta de la Autoridad Portuaria, seguramente o probablemente para mandar al puerto a Alejandro Calvo".
Ha añadido además que "Lo que no sabemos es si Roqueñí va antes a acompañar a Adrián Barbón en su viaje por México. Y lo que tampoco sabemos es que si Barbón cree que con ese cese va a ser suficiente", y ha cuestionado si el consejero considera realmente que "se puede regenerar la Consejería de Minas sin que el principal responsable --Adrián Barbón-- asuma responsabilidades y cuanto menos presente a esta Cámara una moción de confianza".
Posteriormente ha intervenido el diputado del PP, Rafael Alonso, que ha preguntado al consejero "hasta cuándo piensan evitar reconocer responsabilidades políticas por la tragedia de Cerredo".
Alonso ha sostenido que el informe es "la enmienda a la totalidad de la gestión de Barbón en el área de minería" y ha señalado que "asumirlo es el reconocimiento de esa gestión absolutamente deficiente".
En su intervención, el diputado popular ha afirmado: "Mire, los desaprensivos, los que se beneficiaron de esas condiciones, los que hicieron la explotación ilegal, al juzgado", y ha añadido que "el señor presidente es el responsable de los actos de su gobierno. Y va siendo hora de que lo asuma".