En un escrito remitido al Congreso de los Diputados, Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha defendido la Ley Orgánica del derecho de defensa como una oportunidad para “reafirmar el compromiso con los principios procesales que la Constitución Española consagra” en un momento que considera de especial relevancia para el futuro de la justicia en España. De esta forma, proponen diversos aspectos donde la ley, según el colegio, debería poner énfasis.
El ICAM ha propuesto una serie de contenidos para que dicha ley «responda a las necesidades de la sociedad actual» que en resumen busca conseguir: la debida uniformidad procesal en todos los órganos jurisdiccionales, la defensa efectiva en todas las fases del proceso, la integración de las exigencias deontológicas en el ejercicio profesional y el acceso a la justicia con todas las garantías.
Desde el Colegio, han compartido el documento con todos los Grupos parlamentarios con representación en el Congreso para instarles a abordar la tramitación de la ley desde una perspectiva «constructiva». Se pretende que el interés sea trabajar por la mejora del derecho procesal.
Los puntos clave de la propuesta
En primer lugar, el escrito expresa la voluntad de que la ley persiga conseguir un estándar uniforme en todos los juzgados y tribunales para evitar diferencias en la aplicación del derecho de defensa. A lo que se añade el deber de establecer reglas claras que aseguren una defensa efectiva en todas las fases del proceso. El Colegio considera que la regla debería integrar en el ejercicio de la defensa letrada la garantía de cumplimiento de las exigencias deontológicas, asegurando una igualdad real de armas en los procesos.
La propuesta acoge la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir una información completa sobre el desarrollo procedimental, las consecuencias y los costes de la defensa. Lo cual enlaza con la petición de eliminar los impedimentos de acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita para personas vulnerables. También se incluye la voluntad de que las investigaciones realizadas por el ministerio fiscal se incluyan en el ámbito de la ley para evitar que se produzcan a espaldas del investigado, para garantizar así su derecho de defensa.
El decano propone que la ley contemple las particularidades del ejercicio del derecho de defensa de las personas jurídicas en causas penales, así como definir con precisión el ámbito subjetivo del secreto profesional, incluyendo todas las formas de ejercicio profesional. También se contempla que el abogado debe informar a su cliente, incluyendo la gravedad del conflicto, la viabilidad de las pretensiones y la oportunidad de recurrir a medios alternativos de solución.
Respecto al amparo colegial, el Colegio de la Abogacía pretende lograr su refuerzo normativo en esta ley para que el pronunciamiento favorable no quede reducido a una mera manifestación declarativa de apoyo. Se insta a que esta obligación al amparo, que no está sancionada, se incluya en la norma para que sea oponible a terceros. Darle así más fuerza a ese derecho que solo se recoge en los estatutos de la abogacía.
El texto aboga por luchar contra el intrusismo como una garantía de los ciudadanos y de las personas jurídicas. A su vez, se reconoce que son los colegios profesionales quienes deben ostentar la competencia para la formación de los colegiados. En cuanto al conflicto de intereses, el colegio entiende que han de extenderse las consecuencias procesales, a cuyo efecto se sugiere el efecto de anulabilidad.
El ICAM pretende que la iniciativa cuente con el apoyo y la colaboración de todo el arco parlamentario, para lo que ofrece su disposición a contribuir en la elaboración de una ley «que constituya un hito en la la protección del derecho de defensa en España».
En resumen…
El ICAM solicita:
- Establecimiento de un estándar uniforme
- Reglas para una defensa efectiva
- Integración de exigencias deontológicas
- Derecho a información completa
- Acceso a la asistencia jurídica gratuita
- Inclusión de las investigaciones del Ministerio Fiscal
- Defensa de personas jurídicas en causas penales
- Protección del secreto profesional
- Deberes de información del abogado
- Criterios de honorarios a efectos de costas
- Regulación del amparo colegial
- Garantías contra el intrusismo profesional
- Derecho a la asistencia jurídica gratuita para las personas jurídicas imputadas
- Formación continua
- Conflictos de intereses