El descontento de la profesión veterinaria está lejos de menguar. El Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios es la iniciativa que ha generado la discordia y, desde su implementación el pasado 1 de enero, el sector permanece agitado. Para evidenciar su descontento, más de una docena de organizaciones ha convocado una manifestación para el jueves 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, explica en Demócrata cuáles son los principales puntos de fricción y qué urgen al Ejecutivo a rectificar.
Criterio clínico: ¿Mascotas en riesgo?
Las principales críticas a la nueva normativa se concentran en cómo se ha cercenado el criterio clínico del veterinario. “¿No se fían de los veterinarios?”, se llega a cuestionar Luis Alberto Calvo.
El Real Decreto 666/2023 deriva del nuevo Reglamento europeo y tiene como propósito garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos para luchar contra las resistencias antimicrobianas. Por ello, se obliga a cada veterinario a realizar las pruebas pertinentes para poder dispensar el fármaco adecuado y en la dosis necesaria en cada caso.
Preguntado al respecto, el presidente de la OCV explica que “nosotros somos conscientes de las resistencias microbianas, es uno de los problemas más importantes del siglo XXI y hemos hecho un esfuerzo importante, disminuyendo en un 50/60% su utilización”.
El problema, según Calvo, radica en que “nos exigen comunicar el medicamento que administramos a través del sistema Presvet”. “Por ejemplo, para utilizar un medicamento del Grupo B, si no haces cultivo, no lo podemos utilizar y eso nos retrasa una semana. Muchas veces nos tenemos que adelantar y, ya luego, las pruebas lo confirman. Se hace por economía y por salud. Si tardas una semana, se te han muerto la mitad de las gallinas”, aqueja.
