QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Juventud e Infancia cerró en noviembre, tras varios meses abierto, el plazo de consulta pública previa del Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional. El departamento que dirige Sira Rego había planteado este trámite necesario como un proceso participativo donde la juventud expresase sus demandas para el proyecto.
Cuando la ministra anunció la ley ante la Comisión de Juventud del Congreso expresó que «tendría un proceso especial, un proceso participativo que configure un borrador de ley » que fuese la que se impulsara en el trámite legislativo.
Entre las alegaciones presentadas se encuentran más de 25 entidades de la sociedad civil que, lideradas por Talento para el Futuro, Political Watch y Harmon, han trasladado al Ministerio. Se trata de un paquete de propuestas que abordan cuestiones como la crisis habitacional, la emergencia climática, la falta de participación democrática y la salud mental.
Los derechos económicos, la participación política, la salud mental y la crisis ecosocial marcan el documento recibido por el Ministerio. Articuladas en cuatro ejes de actuación, se plantean «soluciones para garantizar los derechos de las generaciones jóvenes y fortalecer su papel en la sociedad».
Derechos económicos y cobertura social
1.Estado emprendedor. Se propone reactivar la figura del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora junto con un Consejo Permanente conformado por miembros de la sociedad civil. Se argumenta que esto permitiría articular políticas públicas con beneficios concretos para emprendedores.
2. Impulso del asociacionismo y sindicalismo juvenil. Promover el sindicalismo entre la juventud mediante mecanismos de representación que garanticen que se escuche a empleados vulnerables como trabajadores precarios, con empleo atípico… Esto iría acompañado de una educación en derechos laborales implementada en la asignatura de Formación y Orientación Laboral.
3. Prácticas formativas. Limitar las prácticas profesionales únicamente a aquellas que formen parte del currículo académico. Se asegurará un valor formativo real evitando su uso para sustituir a profesionales contratados. Además, se solicita regular las condiciones mínimas de todas las prácticas curriculares y se propone la creación de un observatorio de becas.
4. Actualización de planes de estudio. Se considera necesario adaptar los programas educativos a las demandas del mercado laboral para integrar metodologías que desarrollen competencias alineadas con las necesidades profesionales. Aquí se incluye la incorporación de tecnologías emergentes, pensamiento crítico y habilidades digitales.
5. Habilidades para el mundo laboral. Transformar el currículo educativo para incluir de manera transversal el desarrollo de habilidades como gestión de proyectos, trabajo en equipo y resolución de crisis. Se plantea introducir desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) una asignatura obligatoria en competencias ciudadanas básicas. Esto permitiría a los estudiantes afrontar con éxito los retos del mercado laboral y ser ciudadanos responsables, recogen las alegaciones.
Derechos Democráticos y Participación Política
6. Democracia deliberativa. Se apuesta por la creación de espacios institucionales de participación mediante el uso de la democracia deliberativa que se integren en sistemas que cumplan con los principios del gobierno abierto. Mecanismos como plataformas digitales y canales híbridos facilitarían un diálogo intergeneracional. De esta manera se involucraría a todos los sectores sociales en la toma de decisiones.
7. Participación joven en órganos consultivos y desarrollo de nuevas herramientas de participación. Diseñar una estrategia enfocada en incluir activamente a la juventud en la creación de políticas públicas. Esto debería optimizar los órganos consultivos de la Administración actualizando sus metodologías para hacerlos funcionales. Integrar a las nuevas generaciones en procesos de toma de decisiones las prepara para hacer frente a los retos del mañana mientras se fortalecen los valores democráticos.
8. Establecimiento del Youth Test en todas las políticas públicas. Introducir esta herramienta en la elaboración de propuestas que vaya acompañada de una cchecklist específica y formación para quienes lo implementen. Junto con ello, se propine incentivar la participación de jóvenes diversos para evitar exclusión y analizar su integración con otras perspectivas clave como ruralidad, sostenibilidad y envejecimiento.
9. Educación cívica y pensamiento crítico. Añadir contenidos curriculares obligatorios en Secundaria sobre educación cívica y participación que aborden asuntos como la responsabilidad cívica, el estado de derecho, la economía y el emprendimiento. Se plantea complementarlo con una formación elevada de los espacios públicos para evitar que esté limitada por debates ideológicos.
10. Parlamento abierto y colaborativo. Promover desde las cortes iniciativas como sesiones educativas interactivas, canales digitales para la consulta ciudadana en tiempo real y la implementación de mecanismos de transparencia. Estas propuestas van encaminadas a desmitificar los procesos legislativos.
Salud Mental y Bienestar
11. Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Puesta en marcha de un Plan Nacional que aborde la prevención del suicidio y refuerce los recursos del sistema público para atender los problemas emocionales de adolescentes. La promoción de entornos seguros y accesibles garantizará un enfoque efectivo de la crisis sanitaria.
12. Estrategia nacional contra la soledad no deseada. Impulso de una estrategia para combatir la soledad con atención a colectivos vulnerables como personas mayores o jóvenes que esté coordinada por un alto cargo institucional que centralice esfuerzos.
13. Espacios comunitarios universitarios. Fomentar la creación de espacios comunitarios de encuentro en universidades, acompañados de programas de formación y prevención en salud mental. Estaría dirigido tanto a estudiantes como al personal de apoyo. Se incluirían talleres de sensibilización para jóvenes. Se podría impulsar el bienestar emocional y el desarrollo personal dentro de la comunidad universitaria.
14. Prescripción social. Se propone implantar un sistema de prescripción social en los centros públicos y acompañarlo de una coordinación efectiva entre sectores sanitarios, educativos, y sociales. Se garantizaría así una atención integral en salud mental que permitiría priorizar la detección temprana y el acceso equitativo a recursos comunitarios.
15. Deinstitucionalización y atención comunitaria en salud mental. Reforzar la red de salud mental comunitaria e incluir centros de día y atención hospitalaria intermedia, como complemento al sistema público que debería garantizar la cobertura integral de casos graves. De esta manera se cree que se podría equilibrar la atención comunitaria con servicios especializados residenciales cuando fuese necesario.
Crisis Ecosocial y Derechos de las Generaciones Futuras
16. Pacto de Estado por la Vivienda Sostenible. Se solicita llegar a un Pacto de Estado que aborde de manera integral la dificultad de acceso a la vivienda para los jóvenes mediante políticas públicas efectivas. El pacto podría contemplar instrumentos específicos para garantizar precios accesibles, impulsar el alquiler asequible, y fomentar la construcción de vivienda protegida. Además, se podría introducir un plan estratégico para la renovación sostenible del parque de viviendas en nuestro país.
17. Creación de una Comisión Permanente del Congreso. En la Cámara Baja, se propone crear un órgano, cuyo nombre refleje su labor estratégica, para investigar y fomentar líneas de acción que posicionen al país como un referente global. La Comisión debería colaborar con la oficina prospectiva del gobierno e incluir activamente a expertos, sociedad civil y juventud.
18. Economía de impacto social. Buscar promover un modelo económico más justo y sostenible a través del incremento de la participación de entidades diversas (no sólo empresas) del ecosistema de economía de impacto social en el Valor Añadido Bruto. Sumado a esto, se apuesta por priorizar la aprobación del reglamento de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) y concretar incentivos específicos para su desarrollo.
19. Energías renovables. Reforzar las redes eléctricas e incrementar las instalaciones de almacenamiento para facilitar el consumo de energías renovables en la industria y el transporte. Se reduciría el uso de combustibles fósiles. Además, proponen vincular estas medidas con la creación de mesas de trabajo para la transición energética en áreas rurales.
20. Fiscalidad del sistema energético. Se le pide al ministerio reformar la fiscalidad del sistema energético para eliminar barreras que penalizan a las energías limpias frente a las fósiles, ajustando los impuestos para reflejar los costes reales del impacto ambiental. La reforma debería fomentar la electrificación de sectores clave como el transporte y la industria, incluir incentivos para tecnologías limpias y proteger a los consumidores vulnerables mediante ayudas directas.
