QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha expresado su preocupación este jueves solicitando la suspensión temporal de los plazos para aplicar la Directiva de la Unión Europea sobre aguas residuales urbanas. Argumentan que esta normativa impone “cargas desproporcionadas y discriminatorias” en el sector farmacéutico, afectando principalmente al acceso a los medicamentos genéricos.
La directiva establece que los sectores implicados deben cubrir al menos el 80% de los costes de implementación de los tratamientos avanzados en las plantas de tratamiento, dejando el resto, un 20%, a cargo de los Estados miembros. “Es algo que consideramos absolutamente desproporcionado”, declaró Elena Casaus Lara, secretaria general de AESEG, en una rueda de prensa donde se presentó un informe sobre las repercusiones de esta medida.
Además, Casaus destacó que la directiva aplica de manera inequitativa el principio de “quien contamina paga”, afectando desmesuradamente a la industria farmacéutica humana y cosmética, mientras excluye a otros sectores como el veterinario o el de aditivos alimenticios. Aseguró que el impacto financiero sobre los medicamentos genéricos sería “desproporcionado”, dado que, aunque estos representan el 41% de las prescripciones en España, solo constituyen poco más del 12% de la facturación, lo que podría traducirse en un coste adicional de hasta 208 millones de euros al año.
Este incremento en los costes podría llevar a un aumento generalizado en el precio de los medicamentos de bajo coste y, por ende, a un posible desabastecimiento. Pablo González Ipiña, socio de LECA, mencionó que el precio de la metformina podría aumentar en un 284%, y el de la amoxicilina en un 51%.
Por otro lado, Miguel Vidal-Quadras, abogado asesor de AESEG, criticó la fiabilidad de los modelos informáticos y los valores de toxicidad empleados en la Directiva, que según él, “no cumplen” los estándares de la EMA. María Álvarez Fernández, directora técnica de AESEG, añadió que los datos atribuyen incorrectamente el 58% de la carga tóxica a solo cuatro medicamentos, cuando en realidad su contribución real es menor al 1%.
Ante esta situación, varios países de la UE han presentado recursos legales y pedido pausas en la implementación de la normativa, sumándose a las acciones de AESEG que busca un enfoque más justo y basado en evidencias.
