QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha difundido la noticia del Real Decreto-ley 11/2025, fechado el 21 de octubre, el cual asigna 500 millones de euros para intensificar y asegurar la asistencia continua a individuos afectados por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras patologías de gran complejidad.
Este decreto pretende implementar y evolucionar las disposiciones previstas en la Ley 3/2024, del 30 de octubre, conocida como Ley ELA, que fue ratificada hace un año. La norma entrará en vigor el próximo jueves y deberá ser ratificada por el Congreso de los Diputados dentro de un periodo de 30 días.
Además, incluye ajustes legislativos que incorporan la creación del Grado III+ de dependencia extrema. Este grado abarca a quienes ya poseen el Grado III y están diagnosticados con ELA en una etapa avanzada, necesitando asistencia total para las actividades cotidianas básicas, además de apoyo instrumental y personal debido a problemas respiratorios y disfagia.
Este nuevo grado también considerará a personas con otras condiciones médicas de alta complejidad y progresión irreversible, siguiendo los criterios del reglamento que regula la aplicación de la Ley ELA.
Los beneficiarios del Grado III+ recibirán un soporte económico que solo podrá ser utilizado para servicios de asistencia domiciliaria o para una ayuda económica de asistencia personal, alcanzando hasta 9.859 euros mensuales por paciente, con un mínimo asegurado por la Administración General del Estado de 4.930 euros.
Para sustentar esta ayuda, el Real Decreto-ley incrementa la asignación presupuestaria para 2025, añadiendo 379 millones de euros al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y 121 millones adicionales para aumentar el presupuesto en el nivel convenido en dependencia. Esto permitirá que la contribución total del Estado en 2025 se eleve a 904 millones de euros.
Finalmente, la normativa recién publicada por el BOE cumple ‘en plazo’ con la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que establece un periodo de doce meses para efectuar las actualizaciones normativas necesarias para cumplir con los derechos que la ley confiere a los afectados por ELA y otros trastornos de alta complejidad y progresión irreversible.
