La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) ha hecho público que en distintas comunidades autónomas se está recurriendo “de forma creciente” a la contratación de personal médico y facultativo que no cuenta con una especialidad reconocida, advirtiendo del consiguiente “riesgo para la seguridad asistencial”.
Según el sindicato, esta forma de proceder “pone en riesgo la seguridad de la población y deteriora la calidad de la atención sanitaria”, al tiempo que insiste en que las Administraciones autonómicas son “responsables de esta situación”. A su entender, las comunidades “están optando por soluciones rápidas, pero inadecuadas ante la falta de cobertura de plazas, en lugar de abordar el problema estructural del sistema sanitario público”.
La organización recuerda que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y el Real Decreto 183/2008 “establecen que las plazas asistenciales deben ser ocupadas por profesionales que hayan completado la formación especializada vía residencia”. A juicio de FSS-CCOO, “saltarse este requisito es abrir la puerta a un modelo que debilita la Sanidad Pública”.
El sindicato detalla que “esta práctica se está extendiendo en distintos ámbitos clave”, citando en primer lugar la Atención Primaria, “con la incorporación de médicos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o Pediatría”; también en Salud Mental, “con intentos de cubrir plazas de Psicología Clínica con profesionales sin formación de Psicólogo Interno Residente (PIR)”; y en los Servicios de Urgencias hospitalarias, “especialmente en hospitales comarcales, donde la falta de profesionales está siendo suplida con personal sin la cualificación requerida”.
En este escenario, y remarcando que “se trata de una tendencia que ya se está consolidando en varios territorios”, FSS-CCOO recuerda igualmente que “existen pronunciamientos judiciales que obligan a adecuar las funciones asistenciales a la titulación especializada correspondiente, lo que está generando conflictos legales en diferentes comunidades autónomas que han optado por estas prácticas”.
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES
En relación con los profesionales que sí han obtenido la especialidad, la federación sindical sostiene que “faltan condiciones laborales atractivas para que se queden: estabilidad, salarios dignos y una carga de trabajo asumible”. A su juicio, las comunidades autónomas no han realizado una planificación “adecuadamente” ajustada a las necesidades reales de personal ni han puesto en marcha “medidas eficaces de fidelización”.
Además, FSS-CCOO advierte de que esta política “devalúa la Formación Sanitaria Especializada (FSE), desincentivando años de formación exigente e introduciendo claramente dos sesgos”. El primero “tiene que ver con el deterioro continuado que está sufriendo el ámbito asistencial de Atención Primaria, pues estas contrataciones en fraude de ley se hacen fundamentalmente sobre especialidades que sustentan la Atención Primaria”.
El segundo sesgo es “territorial”, ya que, según denuncia, se está “admitir profesionales sin suficiente acreditación de sus competencias para trabajar en centros de salud rurales y en centros asistenciales comarcales mientras se mantiene un nivel de exigencia mucho mayor en el ámbito urbano, potenciando una discriminación asistencial en función de que la población resida en el ámbito rural o en el urbano”.
La federación lamenta también que “en algunos centros se están produciendo situaciones en las que personal sin especialidad participa en la supervisión de residentes o en tareas docentes”. Por ello, reclama a las comunidades autónomas “un cambio de rumbo” y “que se actúe de manera inmediata para corregir esta deriva”. A su entender, es imprescindible “una planificación real de las necesidades de profesionales, con convocatorias suficientes de FSE, así como medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales”.