QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Daño Cerebral Estatal ha presentado una propuesta ante el Parlamento Europeo solicitando la creación de un código específico para el daño cerebral adquirido (DCA) en el momento del alta hospitalaria. Esta medida busca mejorar la continuidad de los cuidados al paciente, facilitar su acceso a tratamientos de rehabilitación y, por ende, elevar su calidad de vida.
La organización ha explicado que actualmente no existe un registro de esta índole en los sistemas de salud europeos, y que la codificación se basa en la causa médica inicial, como puede ser un ictus o un traumatismo craneoencefálico, sin reconocer el DCA como una condición con secuelas permanentes. “Salvar la vida es solo el primer paso. Lo que viene después es una realidad compleja que debe ser reconocida y atendida con recursos adecuados”, ha enfatizado Daño Cerebral Estatal.
Una delegación de la Junta Directiva de la entidad y representantes de diversas asociaciones se desplazaron el jueves pasado a Bruselas para reunirse con las eurodiputadas Sandra Gómez y Leire Pajín del grupo socialista, y con Alejandro Moledo, director del European Disability Forum, para discutir y avanzar en la implementación del código DCA.
IMPORTANCIA DEL CÓDIGO DCA
El daño cerebral adquirido se caracteriza por ser una lesión repentina en un cerebro previamente sano, que puede derivar en secuelas que afectan a aspectos fundamentales como el movimiento, el habla o la memoria, impactando significativamente en la vida de los afectados y su entorno.
Por esta razón, Daño Cerebral Estatal aboga por una rehabilitación multidisciplinar especializada y continuada, y el desarrollo de servicios de apoyo que promuevan la autonomía y la inclusión social. La entidad subraya la necesidad de este código para mejorar el registro de prevalencia del DCA y para dimensionar adecuadamente los recursos necesarios, que actualmente consideran “insuficientes”.
El I Plan Nacional para el Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad 2022-2026, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, incluye esta codificación reconociendo su relevancia para garantizar una rehabilitación efectiva y determinar si los recursos de atención son suficientes para satisfacer las necesidades de las personas con DCA y sus familias.
