QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado que el Ejecutivo ha efectuado un «requerimiento formal» a Madrid, Aragón y Baleares por no acatar la normativa sobre el registro de objetores, calificado como una «herramienta esencial» que protege los derechos de los sanitarios, y cuya implementación es mandatoria para todas las comunidades autónomas, pues «no es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal».
Así, el Gobierno ha otorgado un mes a estas comunidades para atender el requerimiento o adoptar acciones para ajustarse a la legislación, conforme al artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que estipula la necesidad de un requerimiento previo antes de proceder judicialmente. Durante este lapso, tienen la oportunidad de justificar su situación actual, comunicar sobre trámites en proceso o rectificar cualquier incumplimiento.
«Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley», ha explicado García, advirtiendo además que ignorar este procedimiento no solo infringe los derechos de las mujeres, sino también los de los profesionales que desean ejercer su derecho a la objeción de conciencia de forma activa e individual.
En reacción a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha opuesto a crear un registro de médicos objetores de conciencia para el aborto, exigencia de la ley estatal de 2023, García le ha sugerido que «recoja cable» y «abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres».
La mayoría de las comunidades autónomas ya han implementado el registro o están en proceso de hacerlo, a excepción de Madrid, Baleares y Aragón. «Son tres comunidades que no han hecho nada, pero sólo la Comunidad de Madrid ha sido la que ha sido explícita en su incumplimiento de la ley», destacó la ministra en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por otro lado, comunidades como Canarias, Cantabria y Cataluña ya cuentan con el registro, establecido en un acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de diciembre de 2024. Andalucía y Asturias, por su parte, están avanzando en la tramitación, según la Dirección General de Ordenación Profesional.
Finalmente, este martes la ministra envió cartas al Consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, a la Consejera de Sanidad del Gobierno balear, Manuela García, y a la Consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, instándoles a establecer el registro o responder en el plazo de un mes.
