El Defensor del Paciente reclama al Gobierno reconocimiento y reparación real para las víctimas de negligencias médicas

El Defensor del Paciente reclama al Gobierno justicia ágil, baremo digno y fin de la doctrina de pérdida de oportunidad en negligencias sanitarias.

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La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha reclamado al Gobierno un "reconocimiento y valoración real del daño" para las personas afectadas por negligencias sanitarias. Ha denunciado que se las trata como "víctimas de segunda" y que solo se les ofrecen "indemnizaciones de risa y procesos eternos".

Estas demandas se recogen en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Sanidad, Mónica García; y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Flores solicita que se abandone la aplicación de la doctrina jurídica de la "pérdida de oportunidad" en las compensaciones a pacientes cuyas opciones de curación, supervivencia o mejor pronóstico se reducen por retrasos prolongados en las listas de espera. "Una persona que empeora o muere en lista de espera no ha perdido una oportunidad. Ha perdido salud o vida por el abandono. Valórenlo como tal", ha insistido.

En este contexto, plantea la creación de un baremo "único, actualizado y digno" para las negligencias médicas. Detalla que una tetraplejia derivada de un accidente de tráfico puede alcanzar una indemnización de un millón de euros, mientras que si obedece a una negligencia sanitaria puede quedarse en 12.000 euros. "Aunque la vida no tiene precio", ha indicado, "la comparación es odiosa".

También ha censurado que, en la práctica, sea la propia víctima, enferma o fallecida, quien deba probar el error médico, algo que considera "imposible" porque el hospital o la Administración disponen de "el historial, los medios y el conocimiento". Por ello, reclama un cambio de criterio: "Que sean ellos quienes demuestren que actuaron bien. Como en consumo o en accidentes laborales".

Flores ha añadido que hay familias que soportan esperas de entre 10 y 12 años hasta obtener una sentencia firme en casos de negligencia, por lo que propone fijar un plazo máximo de resolución de dos años. Además, pide que se impongan sanciones económicas "duras" a las administraciones que incumplan los tiempos de resolución, así como los plazos de espera quirúrgica o diagnóstica.

"No pedimos venganza. Pedimos justicia. Pedimos que el daño se repare de verdad y que el sistema no vuelva a enterrar a las víctimas con excusas y calderilla", ha concluido.