La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha convocado a la acción del sistema sanitario español para denunciar la masacre genocida en Gaza y pedir el boicot de todas las colaboraciones de investigación sanitaria que se lleven a cabo en centros israelíes.
La situación de emergencia sanitaria en Gaza, la interrupción continua de los servicios médicos y los ataques sistemáticos contra el sistema de salud son una grave violación del derecho internacional humanitario, según indica la federación. Por esta razón, solicita al Gobierno español que corte todas las relaciones con Israel.
Desde el comienzo del conflicto, se reporta que más de 300 trabajadores sanitarios han perdido la vida; se han registrado más de 250 ataques al sistema de salud, incluyendo hospitales infantiles; solo 13 de los 36 hospitales en Gaza están funcionando parcialmente; y más de 570 pacientes han sido asesinados mientras estaban en los hospitales, causando además más de 750 heridos, según comunica la FADSP.
Además, la FADSP recuerda que, a partir del 18 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado 56 ataques a instalaciones de salud, incluyendo hospitales, ambulancias y residencias de personal médico. Las ambulancias y los paramédicos trabajan bajo amenaza constante y, frecuentemente, necesitan escolta de organizaciones internacionales para operar en zonas de alto riesgo. Tanto la infraestructura como el personal médico, tanto nacional como internacional, han sido objetivos de ataques, provocando que muchas instalaciones médicas operen por debajo de su capacidad mínima o incluso cierren, exacerbando la crisis humanitaria.
Por otro lado, la FADSP destaca que el hambre es otra sádica herramienta de destrucción usada por Israel. Informan que en abril de 2025, uno de cada cinco mujeres embarazadas o lactantes y casi uno de cada cuatro niños sufrían desnutrición aguda o estaban en alto riesgo de padecerla, según un informe de Médicos del Mundo del 13 de mayo.
Con esta información, la FADSP sostiene que se está cometiendo una grave violación del derecho internacional humanitario, y concluye que los profesionales de salud no pueden incurrir en contra de la deontología profesional de cuidar de la salud de la población.
















