QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha remitido una comunicación a las comunidades autónomas destacando la importancia de asegurar un acceso equitativo y en igualdad de condiciones a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud. Además, ha advertido que se considerará la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquellos gobiernos regionales que no acaten la legislación sobre el aborto.
En la carta enviada a los consejeros de sanidad, Padilla hace referencia a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y al Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, cuyo propósito es ‘proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las obligaciones de los poderes públicos para garantizar a la población el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva’.
Padilla menciona que, a pesar de los años transcurridos desde la implementación de estas normas, ‘muchas mujeres siguen encontrando barreras –geográficas, administrativas u organizativas– que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud’.
Por tal motivo, el Ministerio de Sanidad preparará un informe basado en la información suministrada por las comunidades autónomas para evaluar el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo y determinar ‘si esta prestación se está garantizando de forma efectiva en los centros sanitarios públicos’.
Dependiendo de los hallazgos del informe, el Ministerio considerará iniciar procedimientos legales contra aquellas comunidades autónomas ‘que no estén garantizando este derecho conforme a lo establecido por la ley’.
En un primer paso, y dependiendo de la gravedad de los incumplimientos observados, la Alta Inspección del Estado emitirá requerimientos formales a las administraciones regionales implicadas. Estas solicitudes pedirán detalles sobre las acciones implementadas o planeadas para cumplir efectivamente con la ley vigente.
Si las respuestas no son satisfactorias, el Ministerio de Sanidad tomará las acciones legales necesarias, dentro del marco normativo, para asegurar que se respete el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en toda España.
‘Este procedimiento se enmarca en la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud’, ha defendido el Ministerio de Sanidad en un comunicado.
