QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigiendo la apertura ‘inmediata’ de una indagación ‘exhaustiva, independiente y transparente’ para determinar si ha habido infracciones en el Hospital Universitario de Torrejón, a raíz de las informaciones sobre posibles maniobras de la empresa concesionaria para ‘aumentar su beneficio económico’.
‘Es crucial que la Comunidad de Madrid aclare con celeridad si las directrices reveladas han repercutido en la atención a los pacientes, la derivación de casos, los tiempos de respuesta en cirugías o el respeto a los acuerdos contractuales que unen a Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)’, afirma García en la carta.
La petición de García a Díaz Ayuso se produjo un día después de que ‘El País’ difundiera un audio donde Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera, durante una reunión el 25 de septiembre, expresaba: ‘En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino’. Además, Gallart sugirió ‘hacer iteraciones’ para ‘alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones’, según el audio publicado por el periódico.
De confirmarse estas prácticas, ‘serían una violación severa de los principios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y un ataque directo a los derechos de los pacientes madrileños’, subraya la ministra. En tal caso, señala que la Comunidad de Madrid ‘debe’ activar los procedimientos legales pertinentes, incluyendo la posible terminación de la concesión del hospital.
Además, García insta a investigar si estos actos son puntuales o parte de ‘dinámicas más extensas’ en otros centros públicos operados por concesionarios privados en la región, destacando las polémicas en torno al grupo Quirónsalud y sugiriendo un fortalecimiento de la vigilancia y control sobre estos hospitales.
‘El Gobierno de España y este Ministerio no pueden ignorar hechos que, de verificarse, comprometerían seriamente la equidad, calidad y universalidad de la asistencia sanitaria. La salud de los madrileños, y la confianza en su sistema sanitario, no deben estar sujetas a prácticas que prioricen el lucro sobre la atención adecuada y equitativa’, concluye García, solicitando a Ayuso que informe sobre las medidas y el calendario de acciones a tomar para proteger a los pacientes y asegurar la integridad del servicio público.
