QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde este martes, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), han comenzado una huelga de tres días –1, 2 y 3 de julio– en protesta contra las reformas propuestas por el Gobierno que afectan el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la Fiscalía. Argumentan que estas reformas comprometen la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho. El ministro Félix Bolaños, sin embargo, ha reafirmado que las modificaciones son «imprescindibles» para la modernización de la Justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se movilizaron con un paro inicial de 10 minutos el 11 de junio, seguido por una concentración frente al Tribunal Supremo el pasado sábado. El 17 de junio, estas entidades decidieron convocar la huelga, ofreciendo desconvocarla si el Gobierno retiraba las reformas, propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Justicia en una reunión previa el 4 de junio con el secretario de Estado Manuel Olmedo.
Bolaños, en una reciente carta, insistió en que las reformas son cruciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI y actualizar estructuras que han permanecido inalteradas desde el siglo pasado. Además, invitó a las asociaciones a «participar y colaborar en este proceso activamente» durante la fase de tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Las asociaciones han expresado preocupación por un posible «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y una reducción en la rigurosidad de los conocimientos requeridos para acceder a estas profesiones, favoreciendo pruebas más subjetivas. Además, advierten que la reforma de la Fiscalía busca incrementar las competencias del fiscal general del Estado, manteniendo su nombramiento directo por el Gobierno sin filtros previos ni contrapesos adecuados.
EL CGPJ AVISA DE QUE LA HUELGA NO TIENE SOPORTE LEGAL
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha indicado que esta huelga no cuenta con base legal, y ha decidido no establecer servicios mínimos, aunque no se contemplan sanciones disciplinarias para los participantes. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mencionado que no se pueden fijar servicios mínimos desde el Ministerio Público, pero se deben garantizar ciertas actuaciones esenciales.
Ante la posibilidad de más acciones, las asociaciones han recordado que el derecho a huelga es fundamental y han establecido servicios mínimos a través del Comité de Huelga. Finalmente, tras estos tres días de huelga, evaluarán la situación para decidir los pasos a seguir dependiendo de la respuesta institucional y el avance de las reformas en el parlamento.
