El 75% de los jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas gubernamentales

En respuesta a las reformas propuestas por el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la propia estructura de la Fiscalía, las asociaciones de jueces y fiscales han organizado una huelga de tres días, del 1 al 3 de julio. Según han informado, el apoyo a la huelga ha alcanzado el 75% hasta las 13.00 horas del primer día.

Durante una conferencia de prensa, representantes de entidades como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han compartido estos datos, excluyendo a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

María Jesús del Barco, presidenta de la APM, señaló que la cifra presentada se basa en los ‘emails’ recibidos en un correo electrónico específico para la huelga, destacando la naturaleza voluntaria de esta comunicación. Por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de la AF, estimó que de los 2.500 fiscales en activo, aproximadamente mil han secundado la huelga, aunque recalca que es un cálculo aproximado.

Ante la falta de datos oficiales por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes no reconocen oficialmente la huelga, los portavoces han aceptado la petición del Ministerio de Justicia de hacer un recuento para posibles descuentos salariales a los huelguistas. ‘Estamos muy satisfechos, creemos que es un éxito’, afirmó Del Barco, en un sentimiento que fue respaldado por otros portavoces como Sergio Oliva (AJFV), Fernando Portillo (FJI) y Salvador Viada (APIF).

En cuanto al impacto en el servicio judicial, Oliva pidió ‘perdón’ a los ciudadanos por los inconvenientes causados, mientras que Del Barco recalcó la reluctancia de jueces y fiscales a recurrir a la huelga: ‘Pero nos obligan’, lamentó. ‘Nunca quisimos llegar hasta aquí, pero nos hemos visto forzados a ello’, añadió Dexeus.

Respecto a las negociaciones, el portavoz de AJFV expresó su sorpresa y descontento porque ‘el Ministerio de Justicia ni ha llamado’ para prevenir la huelga, destacando la falta de interés en negociar. Asimismo, se mencionó la rapidez en la tramitación parlamentaria, que reduce las oportunidades de modificación y diálogo.

Finalmente, al ser cuestionados sobre si consideran esta huelga como un acto político, lo negaron rotundamente. ‘Tiene elementos profesionales, de peso, clarísimos’, sostuvo el portavoz de AJFV, quien también destacó la preocupación por la politización de la Comisión de Ética Judicial y la reducción de autonomía en las salas de gobierno de los tribunales.