Alberto González Amador insta al Supremo a mantener la fianza del fiscal Álvaro García: “No es el Estado”, es “un acusado”

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que desestime la apelación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumentando que la exención legal habitual no es aplicable en su caso, ya que “no es el Estado” sino “un acusado”.

Según el documento consultado por Europa Press, González Amador se opone a la solicitud de García Ortiz de que la Sala de Apelación revise la decisión del juez Ángel Hurtado, que impuso la fianza al no considerar aplicable la exención detallada en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

González Amador argumenta que la exención no debería aplicarse al caso de García Ortiz ya que no representa a una entidad pública ni a un organismo estatal, sino que es una persona física acusada. Añade que la Fiscalía General del Estado no puede ser responsable civilmente porque no tiene capacidad para delinquir, carece de personalidad jurídica, presupuesto o activos propios, y depende completamente del Ministerio de Justicia y su presupuesto.

El empresario aclara que no ha solicitado responsabilidad civil subsidiaria del Estado, basándose en que los ciudadanos españoles no deberían responder por los actos delictivos de García Ortiz. Además, reitera su petición de compensación de 300.000 euros por daños morales y perjuicios, señalando que los efectos de la conducta delictiva del fiscal se extendieron más allá de las fechas iniciales del 13 y 14 de marzo de 2024, y continúan afectándole hasta hoy, debido a que se utilizó como parte de una estrategia comunicativa gubernamental.

Finalmente, González Amador expresa que es “imposible cualquier proceso justo” en su contra, debido a la exposición pública y la pérdida de confidencialidad en sus comunicaciones defensivas, lo que ha tenido un impacto devastador tanto personal como profesionalmente, incluyendo la pérdida de contratos y oportunidades de negocio.

El juicio contra García Ortiz por revelación de secretos está programado para noviembre próximo en el Tribunal Supremo, donde podría enfrentarse a una pena de hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación.