Este jueves, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha convocado a Víctor de Aldama, empresario vinculado al ‘caso Koldo’, para testificar como investigado en relación con los contratos de mascarillas otorgados durante la pandemia por el ejecutivo canario, liderado por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Aldama se presentará en el tribunal un día antes que Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, quien comparecerá en el Tribunal Supremo para una audiencia que podría modificar sus medidas cautelares. En esta audiencia, representantes del PP como acusación popular solicitarán su ingreso en prisión provisional.
La Fiscalía instó a Moreno a realizar estas declaraciones tras revisar un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que examina los acuerdos con la empresa Soluciones de Gestión, presuntamente central en la trama corrupta.
Antes de su declaración, el juez ha decidido esta semana entregar a Aldama una copia del contenido de dos dispositivos móviles incautados por la Guardia Civil. Tanto Aldama como Koldo, investigados desde el inicio del caso en febrero de 2024, ya han declarado previamente por estos contratos.
Actualmente, ambos junto con el exministro José Luis Ábalos, están siendo procesados por el Supremo. La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de cárcel para García y 7 años para Aldama, apreciando su confesión, mientras que las acusaciones populares exigen 30 años para García.
PAGOS A CAMBIO DE CONTRATOS
Luis Pastor, fiscal de Anticorrupción, propuso estas citaciones tras indicar el informe de la UCO que los contratos en Canarias ‘constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019’, como una especie de salario para solicitar favores. Pastor destacó que este patrón de pagos sugiere una influencia continuada para beneficios económicos personales.
AVAL A LAS MASCARILLAS PESE A ‘DUDAS’
La UCO también señaló que, a pesar de las ‘dudas’ sobre la viabilidad del contrato por parte de los responsables de la tramitación, el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, aseguró la compra de las mascarillas. Los investigadores destacaron que Soluciones de Gestión ya estaba suministrando mascarillas antes de formalizarse los contratos, subrayando el control que Koldo tenía sobre estas operaciones.











