QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Álvaro García Ortiz ha sido el primero en la historia de España en ser sentenciado ocupando el cargo de fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo le ha impuesto dos años de inhabilitación por revelar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este veredicto obliga su renuncia a un puesto que asumió tras ser considerado el colaborador más cercano de su predecesora, Dolores Delgado, también exministra de Justicia.
Un grupo de siete jueces, con una mayoría conservadora y dos votos en contra de magistradas progresistas, ha decidido poner fin a su mandato que ya se encontraba en declive desde que cinco de esos jueces lo procesaron el 16 de octubre de 2024 por las filtraciones en el caso de González Amador. A pesar de las constantes peticiones de dimisión tanto dentro como fuera de la Fiscalía, García Ortiz se negó a dejar el cargo, alegando que su responsabilidad era proteger a la institución y a sus miembros de lo que él consideraba un ‘bulo’ publicado en ‘El Mundo’ el 13 de marzo de 2024 a las 21:29 horas, que sugería que la Fiscalía había intentado llegar a un acuerdo con el novio de Díaz Ayuso.
Durante el juicio, García Ortiz defendió que su acción de obtener los ‘emails’ entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador durante la noche, y de publicar una nota de prensa a las 10:22 del 14 de marzo aclarando que la iniciativa había sido del empresario y que estaba dispuesto a confesar, fue con el fin de transmitir la verdad frente a una campaña de desprestigio procedente de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno mostró su apoyo a García Ortiz durante todo el proceso, aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó este jueves que, si bien el Ejecutivo tiene el ‘deber legal’ de acatar la decisión judicial, también tenía el ‘deber moral’ de expresar públicamente su desacuerdo. Según anunció, Moncloa ya está preparando el relevo de García Ortiz.
El caso ha tenido un enorme impacto jurídico y político, generando un desgaste continuo no solo para García Ortiz, tanto a nivel profesional como personal, sino también para el Ministerio Público, perpetuando así una dinámica que heredó desde su primer día en el cargo. Fue nombrado el 19 de julio de 2022, después de que Delgado renunciara por motivos de salud tras una operación de espalda en abril de ese año. García Ortiz llegó a la Fiscalía General del Estado desde su Secretaría Técnica, donde había sido ‘mano derecha’ de Delgado y había ascendido a fiscal de sala, el nivel más alto en la carrera fiscal.
Una de sus primeras acciones fue promover a Delgado a fiscal de sala en la Sala de lo Militar del TS, en contra de la mayoría del Consejo Fiscal. El TS anuló posteriormente este nombramiento y también la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, remitiendo el caso al Consejo Fiscal para revisar una posible incompatibilidad por ser pareja del exjuez Baltasar Garzón. A pesar de las críticas, Delgado fue nombrada nuevamente.
El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos discrecionales han provocado críticas hacia García Ortiz por parte de la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que lo han acusado de favorecer a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, a la que ambos pertenecieron.
El anterior Consejo General del Poder Judicial declaró a García Ortiz ‘no idóneo’ para continuar al frente del Ministerio Público, acusándolo de hacer un uso ‘espurio’ de sus poderes. García Ortiz defendió su posición durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, acusando al CGPJ de actuar como un ‘tribunal de honor’.
Después, hubo desacuerdos con la Junta de Fiscales de Sala sobre ‘Tsunami Democrátic’ y la ley de amnistía, lo que llevó a votaciones ajustadas y decisiones controvertidas. La última polémica fue el caso de González Amador, que solo intensificó la división dentro de la Fiscalía. La APIF se presentó como acusación popular contra García Ortiz. Además, el juicio comenzó con muestras de apoyo, y García Ortiz recibió ofertas para ayudarle a reunir los 150.000 euros que el TS le había exigido inicialmente.
