QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Más del 80% de los preguntados en las consultas internas realizadas por las asociaciones de jueces APM, AJFV, FJI, AF y la asociación de fiscales APIF se han mostrado a favor de ir a la huelga contra las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.
Fue el pasado miércoles, después de que las asociaciones registraran más de un 70% de adhesión al paro convocado a las 12.00 horas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), cuando las cinco convocantes anunciaron consultas internas para decidir si van a la huelga.
En una carta dirigida a sus asociados, a la que ha tenido acceso Europa Press, la APM –mayoritaria en la carrera judicial– informa de que, de los 873 miembros que han participado en la consulta interna, lo que supone el 60,18% de los mismos, 763 (87,39%) han optado por el ‘sí’ y 110 (12,61%) por el ‘no’.
Según ha informado la AJFV este lunes, su consulta interna «ha revelado que, entre quienes se han pronunciado a favor o en contra del desarrollo de una huelga, una amplia mayoría –más del 80%– se ha manifestado a favor de llevarla a cabo».
En el caso del FJI, las consultas realizadas entre sus asociados, incluso antes del paro de la semana pasada, revelan que el 87,39% de los mismos apoyaron la huelga, frente al 10,08% que se mostró en contra y un 2,52% que se abstuvo, según ha podido saber Europa Press.
En el ámbito de los fiscales, la APIF ha obtenido un 94% de apoyo a la huelga, frente al 6 por ciento que se ha posicionado en contra, de acuerdo con las fuentes consultadas por esta agencia de noticias.
Por su parte, la AF ha trasladado que alrededor de un 63 por ciento de sus asociados han votado en las consultas, de entre los cuales más de un 85 por ciento se ha mostrado favorable a la huelga, según ha informado la asociación a través de un mensaje en la red social ‘X’, recogido por Europa Press.
Fuentes jurídicas indican además que, una vez recabados los resultados en las cinco asociaciones de jueces y fiscales, se espera que se reúnan para decidir la ‘hoja de ruta’.
LA UNIÓN DE JUECES Y FISCALES APOYA LA HUELGA
De forma paralela, la Unión de Jueces y Fiscales, un grupo que surgió en chats de WhatsApp ante el descontento en ambas carreras por las reformas anunciadas por el Gobierno, y que ha cristalizado bajo ese nombre, anunció el 12 de junio que apoyaba la huelga pero dejó la organización de la misma en manos de las asociaciones.
En un comunicado, difundido en la red social X, explicó que «en 24 horas, 1.000 personas, sumados los votos de los dos grupos, han votado sí a secundar una huelga», una cifra que aseguraron que seguía «subiendo», frente a tan solo 68 noes.
«En este contexto, nos parece razonable y prudente abrir un breve compás de espera antes de dar el preaviso y convocar huelga por nuestra parte», dijo, indicando que «una doble convocatoria» podría transmitir «una imagen de división indeseable».
No obstante, la Unión de Jueces y Fiscales subrayó que «el tiempo corre» y avisó: «Si vemos que las asociaciones no actúan, procederemos a convocar la huelga».
EL MANIFIESTO DE LAS ASOCIACIONES
En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales –menos las progresistas– advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Se refirieron, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal –que el pasado jueves superó su primer examen en el Congreso de los Diputados– y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
«No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», alertaron.
Para las asociaciones, la que reforma que afecta a todos los togados, «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
También criticaron que incluya medidas «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Asimismo, reprocharon al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras, «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño».
EN CONTRA DE AUMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL FISCAL GENERAL
En el marco del manifiesto, las asociaciones también cargaron contra el anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. «Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalaron.
Y recalcaron que ello, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Las firmantes, además, lamentaron que todas estas reformas tengan lugar en «un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».
Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los «temores» de las asociaciones eran «infundados». Bolaños ha reivindicado en todo momento que estas reformas son «imprescindibles» para avanzar hacia una «Justicia del siglo XXI», al tiempo que ha recordado que la reticencia al cambio en los togados es algo «habitual».
