QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha ofrecido «mejorar» durante el trámite parlamentario el proyecto por el cual el Gobierno propone reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal, en la reunión que ha mantenido este martes con todas las asociaciones de jueces y fiscales –menos las progresistas–, después de que anunciaran que irán a huelga si no se da marcha atrás en esa medida y en la reforma anunciada sobre la Fiscalía.
Fuentes del grupo socialista han señalado a Europa Press que el PSOE ha explicado en la reunión que ha mantenido con las asociaciones que «está abierto a mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria y estudiará cualquier enmienda constructiva que reciba».
A ese encuentro han acudido representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Fuentes de las asociaciones convocantes de la huelga, sin embargo, aseguran que no se trata de un verdadero ofrecimiento, sino que de un «brindis al sol» porque, ante cualquier propuesta de cambio concreto planteada por jueces y fiscales, los socialistas respondían con los supuestos beneficios de la reforma.
Así las cosas, han valorado la reunión, en la medida que ha sido «cordial» y ha servido para que pudieran trasladar «una a una» todas sus objeciones al proyecto de ley. «No esperábamos más», han reconocido.
No obstante, consideran que no ha sido un encuentro productivo porque no han apreciado en los socialistas «ningún interés por acercar posiciones». Es más, tampoco han percibido preocupación por la convocatoria de huelga, sostienen.
EL PSOE PIDE RESPETAR «LA MAYORÍA» DEL CONGRESO
Según las fuentes socialistas, los representantes del partido han escuchado con atención y respeto los argumentos de las asociaciones, al tiempo que han dejado claro que «los diputados tienen derecho a debatir, negociar y, eventualmente, aprobar las reformas para adaptar las estructuras del Poder Judicial y la Administración de Justicia al siglo XXI».
El PSOE ha aducido ante las asociaciones de jueces y fiscales «que es necesario respetar el voto de la mayoría absoluta del Congreso la pasada semana que rechazó las enmiendas a la totalidad para poder comenzar dicho debate».
Las citadas fuentes inciden en que han trasladado a las asociaciones que consideran que la ley que comienza su tramitación parlamentaria es positiva para toda la sociedad y para los propios jueces y fiscales, ya que -según sus cálculos– implicará la convocatoria de 1.500 plazas en 3 años, «la mayor de la historia».
También han destacado que esa ley «blinda las becas para opositores; consagra el ascenso automático de jueces y fiscales y moderniza una prueba de acceso diseñada en el siglo XIX para medir no solo la capacidad memorística, sino también la aplicación práctica del Derecho».
Cabe destacar que, por parte del PSOE, han acudido al encuentro el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Francisco Aranda; el secretario primero, Francisco Martínez Salmerón; y el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, José María Oleaga.
EL PP SE COMPROMETE A DEROGAR SI LLEGA AL GOBIERNO
Tras la reunión con los diputados socialistas, los representantes de las asociaciones han celebrado otro encuentro con miembros del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, que también ha invitado a las dos asociaciones progresistas que se han desmarcado de la huelga –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– para «saber las razones de la voz discordante».
Los ‘populares’ han trasladado a las cinco asociaciones que están de acuerdo con sus pretensiones, al entender que sus reivindicaciones son «en defensa del Estado de Derecho y de la independencia judicial».
Además, se han comprometido a derogar la ley, si llega a aprobarse y entrar en vigor, y si los de Alberto Núñez Feijóo llegan al Gobierno, de acuerdo con las referidas fuentes.
Aunque el eje de ambas citas ha sido el proyecto de ley sobre la reforma del acceso a ambas carreras, los socialistas también se han mostrado abiertos a abordar el relativo a la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), una vez inicie el trámite parlamentario.
Sobre estos, las fuentes presentes señalan que las asociaciones de fiscales han manifestado que, con la configuración que hace dicho proyecto de ley de la Fiscalía, no están dispuestos a asumir la instrucción de las causas penales, al estimar que no se garantiza la imparcialidad del Ministerio Fiscal.
En este contexto, el PP ha ofrecido a las asociaciones trabajar juntos de cara a la presentación de futuras enmiendas, si bien ellas lo han declinado al advertir que podría afectar a la separación de poderes.
EL GOBIERNO SEGUIRÁ HACIA DELANTE
Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han afirmado este martes que el Gobierno seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía, a pesar de la huelga que todas las asociaciones de togados –menos las progresistas– han anunciado para 1, 2 y 3 de julio si el Ejecutivo no da marcha atrás.
En la misma línea se ha expresado el ministro, Félix Bolaños, al afirmar que «hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia», que ha confiado en que «mañana será un consenso» porque «la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial».
«Máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos», ha dicho el titular de Justicia en la red social ‘X¡ tras conocerse la convocatoria de huelga por parte de dichas asociaciones.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL «RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA»
Las asociaciones convocantes alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» y «sin contrapesos» suficientes.
Estas asociaciones ya convocaron un paro de 10 minutos a las 12.00 horas del 11 de junio que tuvo más de un 70% de adhesión, según sus cálculos. Tras ello, realizaron consultas internas para cuantificar el apoyo de sus asociados a una futura huelga, que fue de más del 80%, lo que les ha llevado a dar este paso, si bien antes han convocado una concentración para el 28 de junio frente al Supremo.
