El Tribunal Supremo (TS) ha decidido no paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril, una medida cuya suspensión habían reclamado Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
Según ha comunicado el propio alto tribunal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó este viernes su resolución tras una deliberación de más de tres horas, en la que escuchó los argumentos de las partes recurrentes y de la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo.
En relación con Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia, el Supremo ha inadmitido sus recursos "por falta de legitimación activa", de modo que sus solicitudes no llegan a ser analizadas en el fondo.
En cambio, la Sala sí ha reconocido la legitimación activa de Vox y de la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado su petición de suspensión cautelar del real decreto que regula el proceso de regularización. El tribunal ha avanzado que los autos con el detalle de la decisión se notificarán en los próximos días.
Desde Hazte Oír han señalado a Europa Press que impugnarán la resolución de la Sala, tanto en lo relativo a la "falta de legitimación activa" apreciada por el Supremo como en lo que respecta a la negativa a adoptar la medida cautelar, que consideran injustificada ante el, a su entender, "grave riesgo" de no frenar provisionalmente la regularización extraordinaria.
La Abogacía del Estado se opone a la suspensión cautelar
Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que "no se cumplen los requisitos" para acordar la suspensión de la regularización, subrayando que detener el procedimiento implicaría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". Asimismo, remarcó que, "en ningún caso", las personas que se acojan a este proceso van a poder participar en las próximas citas electorales.
Por su parte, el letrado de Vox reiteró ante el Supremo su solicitud de suspensión cautelar del decreto, advirtiendo de que la medida podría modificar el equilibrio político, electoral y administrativo del país por el volumen de inmigrantes que podrían obtener autorización de residencia legal.
El representante legal de Hazte Oír insistió igualmente en la necesidad de suspender el real decreto de regularización, al que atribuyó una ausencia de garantías jurídicas "ninguna". A su juicio, la norma vulneraría la Ley de Extranjería porque, según expuso, no asegura un control adecuado de los antecedentes penales de los solicitantes.
Tras la vista, el letrado de Hazte Oír manifestó ante los medios de comunicación que confía en una resolución final favorable a sus planteamientos y en que el real decreto acabe siendo revocado.
Más de 549.000 solicitudes en el proceso
En la misma sesión, el abogado del Estado informó de que ya se han registrado 549.596 solicitudes de migrantes dentro del procedimiento extraordinario de regularización iniciado el 16 de abril y que permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
Este proceso es el desenlace de años de discusión política y social y se apoya en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y plataformas ciudadanas, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya vivían en España. Aquella ILP obtuvo un respaldo inicial amplio en el Congreso, aunque su tramitación se fue demorando hasta desembocar en el mecanismo finalmente aprobado por el Ejecutivo.
El Gobierno ha reiterado ante el Tribunal Supremo que la suspensión cautelar del procedimiento que ha puesto en marcha implicaría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general".
"Existe una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general, ya que estas personas quedarían en una situación de vacío legal a la espera de que se resolviera el recurso interpuesto", expuso la Abogacía del Estado en un escrito presentado en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al que tuvo acesso Europa Press.