QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Joseba Antxón Alonso, quien dirige Servinabar y mantiene una cercana relación con el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha rechazado este lunes en su testimonio ante el magistrado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, cualquier tipo de soborno por contratos de obra pública, ha aclarado que Cerdán no tiene vínculos con la mencionada empresa y ha admitido que efectuó pagos a Koldo García, exasesor ministerial, por su rol de intermediario en proyectos de construcción privados antes de 2017.
Fuentes judiciales confirmaron a Europa Press que durante su declaración como investigado, Alonso, quien respondió únicamente a las preguntas de su abogado, sostuvo que siempre fue el único socio de Servinabar. Además, desestimó la validez de un contrato privado de compraventa descubierto por la Guardia Civil que indicaba que Cerdán había adquirido por 6.000 euros el 45% de la compañía, la cual obtuvo contratos del gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
Alonso explicó que dicho contrato era un borrador creado en 2015, cuando Cerdán consideró abandonar la política debido a los pobres resultados del PSOE en Navarra. Ambos redactaron ese documento estableciendo condiciones, pero el papel nunca se formalizó porque Cerdán decidió seguir en política, según relató. El empresario aseguró que no acudieron juntos al notario y que Cerdán nunca le pagó los 6.000 euros por las participaciones, además de que el propio exdiputado destruyó su copia del contrato. Alonso conservó el documento, así como otros papeles con más de dos décadas de antigüedad.
Su relato respalda lo declarado por Cerdán ante el TS, quien admitió conocer el contrato pero lo descartó por no haberse elevado a escritura pública. «Firmamos», pero tras discutirlo con su esposa durante el fin de semana, ella le sugirió no dejar la política y volver a su empleo anterior: «Te vienes aquí al pueblo». Subsecuentemente, Cerdán instruyó a Antxón que «rompiera el documento».
La relación entre ambos también implicó que compartieran un apartamento en Madrid, según contó Alonso. El empresario alquiló el lugar para manejar sus negocios en la capital, y ofreció alojamiento a Cerdán cuando este necesitaba viajar a Madrid, en una vivienda que describió como modesta.
Servinabar compitió por 20 licitaciones, logrando cinco contratos presentándose junto a Acciona. Alonso defendió que optaron por formar una UTE (Unión Temporal de Empresas) a petición de Acciona y destacó que esta práctica es común. Resaltó la legalidad de dichas obras, que incluyeron proyectos como el Navarra Arena, el Archivo de Navarra y 62 viviendas de protección oficial en Pamplona, todas auditadas según indicó.
Además, Alonso reveló que Servinabar había hecho una donación a Fiadelso, fundación vinculada a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, aunque aclaró que fue por motivos fiscales. También mencionó otras donaciones a equipos deportivos y a Save The Children.
En cuanto a Koldo García, Alonso explicó que trabajó como comisionista autónomo para Servinabar entre 2015 y 2016, obteniendo proyectos de construcción privada y recibiendo una remuneración mensual por ello.
NEGACIÓN DE SOBORNOS POR PARTE DE ACCIONA
Fernando Merino, exejecutivo de Acciona y también imputado, negó haber realizado pagos indebidos por obras públicas en su declaración ante el TS, enfocándose en sus labores técnicas y económicas como delegado de Acciona en Navarra entre 2014 y 2019. Merino describió su conocimiento de Cerdán y su cooperación limitada con él, incluyendo encuentros casuales pero sin cenas formales.
Al ser interrogado sobre la colaboración de Acciona con Servinabar, explicó que la unión con empresas locales era una estrategia necesaria para obtener contratos en el País Vasco y Navarra. Además, detalló que Servinabar ya proporcionaba servicios auxiliares en la Mina Muga, lo que justificaba su inclusión en la UTE para ese proyecto.
Merino también abordó sus interacciones con Koldo en la mina, donde García realizaba tareas menores y facilitaba la logística. Aunque reconoció que Acciona pagó facturas de Koldo emitidas por el Bar Frankly, defendió que estas correspondían a comidas reales donde se realizaban reuniones de trabajo.
Finalmente, el juez ha impuesto restricciones de viaje a los implicados y ha ordenado comparecencias quincenales en sede judicial, conforme a las peticiones de Anticorrupción.
