La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha expresado su descontento este miércoles por una sanción «injusta» impuesta a su presidente, Miguel Pallarés, por parte de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, subrayando una posible relación con la acusación en el proceso judicial contra Álvaro García Ortiz por supuesta revelación de secretos.
Según un comunicado de la asociación, Pallarés ha apelado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra la multa de 1.000 euros que le fue «impuesta» por «una falta grave de retraso en el despacho de asuntos». Pallarés califica la sanción de «injusta y no ajustada a derecho», según indica APIF, que además recuerda que la Inspección Fiscal inició las diligencias en junio de 2024, tras críticas de la propia asociación a una nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
En noviembre de 2024, el Promotor de la Acción Disciplinaria decidió abrir un expediente disciplinario a Pallarés, poco después de que APIF decidiera intervenir en la causa judicial contra el fiscal general.
APIF destaca que no ha habido quejas de la fiscal jefe Provincial ni de la Decana de Civil y Discapacidad respecto al desempeño de Pallarés. Además, menciona que no se han presentado denuncias por parte de ciudadanos o Administraciones Públicas sobre posibles demoras en su trabajo. Por otro lado, se abrió un expediente similar a una compañera de Pallarés en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, el cual fue archivado el 7 de abril de 2025 por problemas en el sistema informático, argumento que no se aplicó al caso de Pallarés.
APIF se reafirma en su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y los derechos profesionales de los fiscales, aunque reconoce que su labor no siempre ha sido comprendida.
















