El objetivo de Aragón de tener una Ley de Energía propia, que dote de la máxima independencia energética a la Comunidad, se resiste. Primero, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó el Decreto-ley 1/2023, de 20 de marzo, que desarrolló el Ejecutivo de Javier Lambán (PSOE). Ahora, el Gobierno de España presentará un recurso de inconstitucionalidad (acordado hoy en el Consejo de Ministros) contra varios artículos de la Ley 5/2024, de 19 de diciembre, aprobada con un Gobierno del Partido Popular. Ambos gobiernos, nacional y autonómico, llevan 6 meses negociando y han llegado a acuerdos sobre 16 artículos. Respecto a los 8 restantes, tendrá que decidir el TC.
La norma se aprobó en el Parlamento autonómico aragonés con los votos a favor del PP, del PSOE y del Partido Aragonés (PAR), en un proceso no exento de polémica, puesto que recibió la anuencia por el procedimiento de lectura única, tras alcanzar una entente populares y socialistas.
En marzo del año actual, el Gobierno de España propuso al de Aragón iniciar una negociación para tratar de evitar un hipotético recurso de inconstitucionalidad. En la comunicación enviada por el Ministerio de Política Territorial al Ejecutivo aragonés se ponían en duda 24 preceptos.
Tras varias comisiones bilaterales, se ha llegado a acuerdos respecto a 16 artículos, pero hay 8 sobre los que se mantienen las discrepancias, por lo que el Consejo de Ministros ha decidido este martes (23 de septiembre) presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Tal y como ha adelantado Demócrata en el adelanto del Consejo de Ministros, los motivos para presentar dicho recurso son los siguientes:
- Incompatibilidad con la normativa básica de la ampliación del concepto de consumidor.
- Inconstitucionalidad de la utilización de líneas de autoconsumo por más de un consumidor.
- Imposibilidad de ampliación del alcance de las mancomunidades de energías, incompatible la distribución de competencias.
- Incompatibilidad de la configuración de las redes de distribución cerradas de la Ley autonómica con la normativa estatal.
- Imposibilidad de autorización de aumentos de potencia instalada o de hibridación por parte de una autoridad autonómica.
Aragón no va a negociar más
Fuentes del Ejecutivo aragonés han asegurado a Demócrata que la Comunidad no va a negociar más con el Gobierno estatal, y que, por tanto, esperarán la decisión del Tribunal Constitucional. El próximo viernes (un día después de que finalice el Debate sobre el estado de la Comunidad que comienza mañana), en el Consejo de Gobierno, se dará respuesta a algunos de los preceptos sobre los que el Gobierno estatal tiene dudas, han señalado las mismas fuentes.
Precisamente fue en el Debate sobre el estado de la Comunidad de 2024 cuando el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció esta ley. Entonces, ya dijo que la futura normativa recogería de manera muy sustancial el contenido del Decreto de Lambán, aunque “con algunos ajustes y mejoras”.
Además, comentó la creación del Plan Energético de Aragón 2024-2030, para incorporar una ordenación territorial en el sector de las energías renovables.
Este Plan se incluye en la Disposición adicional tercera de la Ley, que es uno de los preceptos impugnados, ya que desde el Gobierno de España se cree que irrumpe en competencias estatales, relativas a esa ordenación.











