QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Nacional celebra esta semana el que será el último juicio del ‘caso Gürtel’, la macrocausa de corrupción que durante más de quince años ha marcado el panorama político y judicial español. En el banquillo se sientan una veintena de acusados y otras tantas empresas como responsables civiles subsidiarias por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Entre los principales acusados se encuentran Francisco Correa y Pablo Crespo, considerados los cabecillas de la trama, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de prisión. Ambos, según fuentes jurídicas, han optado por confesar los hechos en busca de una rebajas de condena, como ya han hecho otros implicados en las últimas piezas del caso.
Una trama para ocultar millones procedentes de contratos públicos
El Ministerio Público sostiene que entre 1998 y 2009 Correa encabezó un entramado empresarial y financiero destinado a enriquecerse ilícitamente mediante la obtención de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Parte de esos ingresos, que superaron los 30 millones de euros, se habrían ocultado a Hacienda a través de una compleja red de sociedades pantalla.
De acuerdo con la acusación, la red Gürtel dedujo gastos falsos, simuló operaciones y generó facturas falsas con una triple finalidad: sobornar a cargos públicos, evadir impuestos y blanquear los beneficios ilícitos. El fraude tributario se estima en más de 24,8 millones de euros solo entre los ejercicios de 2000 y 2007.
Asesoramiento para defraudar
El juez instructor José de la Mata atribuyó un papel esencial a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, a quienes calificó de “cooperadores necesarios” por haber diseñado estructuras opacas que permitieron a los líderes de la trama eludir sus obligaciones tributarias. Ambos crearon sociedades pantalla tanto en España como en el extranjero, plenamente conscientes —según el auto— de que su única finalidad era defraudar al erario público.
También serán juzgados exadministradores y empleados del grupo empresarial de Correa, como Isabel Jordán, Javier Nombela o Alicia Mínguez, así como empresarios que actuaron como testaferros o intermediarios en la operativa para ocultar fondos.
El último capitulo de una macrocausa histórica
Con esta vista oral, la Audiencia Nacional pone punto final a más de una década de procedimientos judiciales derivados del caso Gürtel, que ya provocó condenas a decenas de personas, la inhabilitación de altos cargos del PP y la moción de censura que en 2018 desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa.
En total, las responsabilidades económicas reclamadas a los acusados en esta pieza superan los 199 millones de euros, según los cálculos del tribunal.
La vista, que se prolongará durante varias semanas, servirá para cerrar definitivamente la instrucción del mayor caso de corrupción política en la historia democrática española, cuyo eco aún resuena en las instituciones y en la memoria colectiva del país.
