El caso Begoña Gómez entra en una fase de máxima tensión política, judicial e institucional. Tras meses de instrucción, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha impuesto medidas cautelares que han elevado el impacto del caso: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La decisión afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa. El empresario Juan Carlos Barrabés también queda incluido en el procedimiento, aunque sin las mismas medidas cautelares personales.
Pero el caso ya no se juega solo en el juzgado de Peinado. Ahora hay dos focos inmediatos: la Audiencia Provincial de Madrid, que debe resolver recursos pendientes que pueden condicionar si la causa llega finalmente a juicio con jurado, y el Consejo General del Poder Judicial, al que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja por las afirmaciones del magistrado sobre los escoltas policiales de Begoña Gómez.
Qué ha decidido Peinado
Peinado ha acordado abrir juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
El juez sostiene que existen indicios suficientes para que la causa pase a la siguiente fase procesal y sea juzgada por un tribunal del jurado. Las acusaciones populares han pedido penas muy elevadas, con Hazte Oír reclamando hasta 24 años de prisión para Gómez.
La defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía han defendido durante la instrucción que no hay base suficiente para llevar el caso a juicio y han pedido el archivo de la causa.
La retirada del pasaporte
La decisión más llamativa del auto es la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, junto con la prohibición de salir de España.
Peinado justifica las medidas por el riesgo de fuga. La defensa de Gómez argumentó que ese riesgo no existe, entre otras razones, porque la esposa del presidente está habitualmente acompañada por escoltas policiales.
El juez rechazó ese razonamiento y sostuvo que la existencia de escolta no impide necesariamente una eventual fuga. Esa parte del auto ha desatado una crisis institucional porque el magistrado llega a sugerir que los propios agentes, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, podrían colaborar en una salida del país.
Por qué ha intervenido Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llevado una queja formal al CGPJ por esa alusión a los escoltas.
Interior considera que las afirmaciones de Peinado suponen un cuestionamiento grave de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de sus mandos.
El argumento del Ministerio es que los agentes actúan bajo parámetros de legalidad y que insinuar que podrían facilitar una fuga, o que sus superiores podrían ordenar algo ilegal, daña la imagen institucional de la Policía.
Marlaska pide al CGPJ que valore si procede adoptar medidas dentro de sus competencias.
Qué puede hacer ahora el CGPJ
El CGPJ puede estudiar la queja de Interior y decidir si la archiva, si abre diligencias informativas o si la traslada al promotor de la acción disciplinaria.
Algunos medios apuntan a que el órgano de gobierno de los jueces podría reunirse para valorar la apertura de un expediente disciplinario contra Peinado por sus afirmaciones sobre la Policía. Pero, hasta que exista confirmación oficial o comunicación del propio CGPJ, esa posibilidad debe tratarse como una información atribuida, no como un hecho cerrado.
La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como falta grave el exceso o abuso de autoridad o la falta grave de consideración hacia instituciones, profesionales y funcionarios vinculados a la Administración de Justicia. También regula el uso de expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes u ofensivas en resoluciones judiciales, aunque con reglas específicas de procedencia.
La clave será si el CGPJ considera que las palabras de Peinado sobre los escoltas entran en el terreno disciplinario o si quedan protegidas por el margen de motivación de una resolución judicial.
La Audiencia Provincial tiene la última palabra práctica
Más allá del ruido político, la clave procesal está ahora en la Audiencia Provincial de Madrid.
La apertura de juicio oral dictada por Peinado no cierra por sí sola todos los debates pendientes. La Audiencia debe resolver recursos de las defensas y de la Fiscalía sobre decisiones previas del instructor, incluida la transformación del procedimiento hacia un juicio con jurado popular.
Eso significa que el futuro del caso no depende solo del auto de Peinado. La Audiencia puede avalar el camino hacia el juicio, corregir aspectos de la instrucción, ordenar retrotraer actuaciones o incluso cerrar partes relevantes de la causa si considera que no hay indicios suficientes.
La defensa de Gómez confía precisamente en esa vía para intentar frenar el procedimiento antes de que llegue al banquillo.
Por qué es importante el jurado popular
En España, el jurado se utiliza en una parte reducida de los procesos penales, aunque la ley contempla su intervención para determinados delitos, incluidos algunos vinculados a corrupción pública.
En este caso, que la causa vaya o no por la vía del jurado popular condiciona el desarrollo procesal, la estrategia de defensa, los tiempos y la exposición pública del procedimiento.
Peinado defiende que los hechos investigados encajan en esa vía. Las defensas sostienen que la elección del cauce procesal es forzada y que no existen indicios sólidos para sostenerlo.
Qué recursos están pendientes
La defensa de Begoña Gómez ha presentado varios recursos contra decisiones de Peinado y ha criticado que el instructor avance hacia el juicio sin esperar a que la Audiencia resuelva cuestiones clave.
La Fiscalía también ha mantenido una posición crítica con la instrucción y ha defendido que no hay base suficiente para continuar hacia juicio oral.
Entre los puntos que debe revisar la Audiencia están la continuidad del procedimiento, la vía del jurado y la solidez de los indicios que sostienen las acusaciones.
Hasta que la Audiencia se pronuncie, el auto de Peinado deja una situación políticamente explosiva, pero jurídicamente todavía abierta.
Las reacciones políticas
El Gobierno y el PSOE han reaccionado con dureza contra la decisión del juez.
Moncloa interpreta el auto como un nuevo episodio de persecución política contra Begoña Gómez y acusa a Peinado de actuar con desproporción. Varios dirigentes socialistas han defendido la inocencia de la esposa de Sánchez y han denunciado que se dañe su reputación por su vínculo con el presidente del Gobierno.
El PP, por el contrario, ha utilizado la decisión judicial para aumentar la presión sobre Pedro Sánchez y reclamar explicaciones políticas. Vox ha celebrado el avance del procedimiento y las medidas cautelares.
El caso vuelve así al centro de la agenda política en un momento especialmente delicado para el Gobierno.
Los sindicatos policiales cargan contra el auto
La alusión de Peinado a los escoltas ha provocado también una reacción poco habitual de sindicatos policiales.
Organizaciones como Jupol, SUP, CEP y UFP han rechazado que se sugiera que agentes encargados de la protección de una persona puedan colaborar en una fuga o cumplir órdenes ilegales.
El malestar policial es relevante porque desplaza el debate más allá de Begoña Gómez. La controversia ya no se limita a si el juez debe o no imponer medidas cautelares, sino a si para justificarlas ha puesto bajo sospecha a servidores públicos sin una base concreta.
Qué puede pasar ahora
Hay tres escenarios inmediatos.
El primero es que la Audiencia Provincial avale la vía abierta por Peinado. En ese caso, el procedimiento avanzaría hacia el juicio con jurado popular y las defensas tendrían que concentrar su estrategia en combatir las acusaciones ante el tribunal competente.
El segundo es que la Audiencia corrija parcialmente al instructor, limite el alcance de la causa, obligue a practicar nuevas diligencias o revise la tramitación por jurado.
El tercero es que el CGPJ abra diligencias o expediente por las palabras de Peinado sobre los escoltas. Eso no implicaría automáticamente la caída de la causa, pero sí añadiría un frente institucional muy relevante al caso.
Qué no se debe confundir
Begoña Gómez no ha sido condenada. La apertura de juicio oral significa que el juez considera que hay indicios para llevar el asunto a juicio, no que exista una sentencia ni una responsabilidad penal declarada.
Tampoco está cerrado que el caso llegue finalmente a un jurado popular. La Audiencia Provincial todavía debe pronunciarse sobre recursos relevantes.
Y, por ahora, la posible actuación disciplinaria del CGPJ contra Peinado debe contarse con cautela: existe una queja formal de Interior y hay informaciones periodísticas sobre una posible reacción del Consejo, pero la existencia de un expediente solo debe darse por hecha cuando haya confirmación oficial o resolución del órgano competente.