El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado una queja ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló, por el contenido del auto del juez Juan Carlos Peinado en el que retira el pasaporte a Begoña Gómez y cuestiona la actuación de los policías que la escoltan.
Según ha adelantado El País, Marlaska considera de “máxima gravedad” que una resolución judicial utilice como argumento la posibilidad de que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o sus mandos, pudieran colaborar en una eventual fuga de la esposa del presidente del Gobierno.
La queja llega después de que Peinado acordara la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, y les impusiera medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas en el juzgado.
El argumento de Peinado que ha provocado la queja
El punto central de la polémica está en la justificación del riesgo de fuga.
La defensa de Begoña Gómez había alegado que su condición de esposa del presidente del Gobierno y el hecho de estar acompañada por escoltas policiales hacían prácticamente imposible que pudiera eludir la acción de la justicia.
Peinado rechazó ese argumento. En su resolución, el juez plantea que esos agentes no impedirían necesariamente una fuga y sugiere que, en un momento determinado, podrían colaborar con ella, bien por iniciativa propia o siguiendo instrucciones superiores.
Esa afirmación ha provocado el rechazo inmediato de Interior y de varios sindicatos policiales, que consideran que el magistrado pone en duda sin base la profesionalidad y la legalidad de los agentes.
Marlaska habla de un cuestionamiento grave a la Policía
Marlaska evita entrar en el fondo de la resolución judicial, pero sí carga contra el razonamiento que afecta a los escoltas.
Interior sostiene que ese pasaje del auto no solo afecta a los policías concretos asignados al servicio de protección de Begoña Gómez, sino también a sus superiores jerárquicos y al propio Ministerio del Interior.
El ministro considera que insinuar que agentes públicos podrían facilitar una conducta ilegal supone un ataque a la integridad de la actuación policial. Por eso ha trasladado la queja a Perelló para que el CGPJ valore si procede adoptar alguna medida dentro de sus competencias.
Qué pide Interior al CGPJ
La queja de Marlaska no es un recurso contra las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez. Esa vía corresponde a su defensa.
Lo que hace Interior es poner en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces unas afirmaciones que, a juicio del Ministerio, dañan la imagen y la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro pide que el CGPJ adopte, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes. La respuesta dependerá del recorrido que el órgano judicial dé a la queja y de si considera que las palabras del auto pueden tener relevancia disciplinaria o institucional.
Los sindicatos policiales también cargan contra Peinado
La reacción no se ha limitado al Gobierno. Varios sindicatos policiales han rechazado con dureza la insinuación de que los escoltas de Begoña Gómez pudieran colaborar en una fuga.
Jupol calificó la afirmación de “barbaridad”. El Sindicato Unificado de Policía la consideró especialmente preocupante. La Unión Federal de Policía y la Confederación Española de Policía también defendieron la profesionalidad de los agentes y reclamaron respeto a su labor.
La crítica compartida por los sindicatos es que los escoltas actúan bajo criterios de legalidad, neutralidad y profesionalidad, y que vincularlos a una posible conducta irregular daña la confianza pública en la Policía.
La retirada del pasaporte a Begoña Gómez
La polémica nace dentro del auto por el que Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez.
El juez les ha impuesto la retirada de todos los pasaportes, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Las medidas responden a la petición de las acusaciones populares, que habían alegado riesgo de fuga. La Fiscalía, en cambio, se ha opuesto durante la instrucción a varios pasos dados por el magistrado y ha defendido el archivo de la causa.
Un nuevo choque institucional en el caso Begoña Gómez
La queja de Marlaska añade otro capítulo al enfrentamiento entre el Gobierno y el juez Peinado.
El caso Begoña Gómez acumula meses de tensión política, recursos, críticas de la Fiscalía, quejas ante el CGPJ y respuestas públicas del Ejecutivo. La decisión de abrir juicio oral y retirar el pasaporte eleva ahora el conflicto a una nueva fase.
La novedad es que esta vez la polémica no se centra solo en Begoña Gómez ni en el presidente del Gobierno, sino en el papel de los escoltas policiales y en la imagen institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Qué puede pasar ahora
La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares impuestas por Peinado, incluida la retirada del pasaporte.
En paralelo, el CGPJ deberá decidir qué recorrido da a la queja presentada por Marlaska. El órgano de gobierno de los jueces puede archivar la queja, abrir diligencias informativas o trasladarla al promotor de la acción disciplinaria si aprecia indicios de relevancia.