QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descrito como ‘histórica’ la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim). Este cambio legislativo modifica la gestión de las investigaciones penales, que hasta ahora recaían sobre los jueces de instrucción, para ser asumidas por los fiscales. Además, la nueva ley establece que el mandato del fiscal general del Estado no estará alineado con el del Gobierno y restringe la acción de las acusaciones populares, excluyendo a los partidos políticos.
En una rueda de prensa este martes, tras el Consejo de Ministros, Bolaños subrayó que la medida busca actualizar el proceso penal a la realidad del siglo XXI. ‘Quiero decirles que en demasiadas ocasiones se utiliza el término histórico. Permítanme, en esta mesa, que después de 143 años utilicemos el término histórico (…)’, expresó el ministro, celebrando la tramitación del texto a las Cortes Generales.
Bolaños recordó que desde 1882, año de aprobación de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, han transcurrido largos períodos con cambios significativos en la sociedad y el gobierno. ‘Han tenido que pasar doce Papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que el Consejo de Ministros apruebe una Ley de Enjuiciamiento Criminal’, detalló. Además, mencionó que la ley vigente ha sido objeto de ‘más de 80 reformas’, describiéndolas como ‘parches’.
El proyecto no solo modifica el conductor de las investigaciones, sino que también introduce la figura del juez de garantías y establece que un segundo juez decidirá sobre la apertura del juicio oral. Bolaños lamentó las críticas recibidas de ciertas asociaciones judiciales y reconoció que tales comentarios ‘dolerán más a los fiscales’.
LIMITACIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR
La ley prevé limitar la acusación popular a ciertos delitos que afectan intereses colectivos, dejando fuera a entidades como partidos políticos y sindicatos. ‘Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas’, afirmó Bolaños.
El ministro también destacó la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que busca desvincular el mandato del fiscal general del ciclo gubernamental y aumentar la autonomía de la Fiscalía. Además, el proyecto de ley facilitará que la policía judicial dependa funcionalmente del Ministerio Fiscal, cambio que acompañará a la nueva estructura de investigación penal.
