QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descrito como ‘histórica’ la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que transfiera el liderazgo de las investigaciones penales de los jueces de instrucción a los fiscales. Esta reforma también busca que el mandato del fiscal general del Estado no se solape con el del Gobierno y restringirá el alcance de las acusaciones populares, excluyendo a los partidos políticos.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha subrayado que la iniciativa persigue modernizar y adaptar el proceso penal al contexto del siglo XXI. ‘Quiero decirles que en demasiadas ocasiones se utiliza el término histórico. Permítanme, en esta mesa, que después de 143 años utilicemos el término histórico (…)’, expresó, celebrando la tramitación del proyecto de ley en las Cortes Generales.
Bolaños ha recordado que desde su aprobación en 1882, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido objeto de ‘más de 80 reformas’ de ‘parches’. Él resaltó que, aunque no es el primer gobierno que lo intenta, sí es el primero ‘que lo ha conseguido’ y que llevará la nueva LeCrim a las Cortes. Adicionalmente, se reformará el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
La ley está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no aplicará ni a procedimientos en curso ni al actual fiscal general del Estado, cuyo mandato concluye en 2027. La nueva estructura permitirá que la Fiscalía lidere las investigaciones penales, en línea con ‘todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales’, según ha indicado Bolaños. ‘No es en absoluto una idea novedosa’, agregó.
Además, el proyecto de ley limitará quién puede ejercer la acusación popular, excluyendo a entidades como partidos políticos y sindicatos. ‘Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas’, afirmó Bolaños.
Por otro lado, el proyecto de ley fomenta los acuerdos de conformidad penal entre defensas y Fiscalía para reducir litigios innecesarios, ‘si es posible en fases tempranas del procedimiento’. Asimismo, el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el mandato del fiscal general será de 5 años y no coincidirá con el del Gobierno, cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Europea.
El Gobierno asegura que la reforma otorga ‘mayor autonomía interna a la Fiscalía’ y refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de, al menos, las tres quintas partes de sus miembros. Además, la policía judicial dependerá funcionalmente del Ministerio Fiscal cuando asuma una investigación.
