QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado que la nueva ley que redefine la acusación popular y excluye a los partidos políticos no tendrá efectos sobre procesos ya iniciados antes de 2028, incluyendo el caso de Begoña Gómez, caso que no mencionó específicamente.
Durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Bolaños subrayó que la ley, que comenzará su proceso parlamentario, tiene prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los procedimientos penales en curso antes de esa fecha.
La normativa busca limitar la participación de entidades como personas jurídicas públicas, partidos políticos y sindicatos en la acusación popular, argumentando que actualmente esta figura es utilizada por «organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas», según palabras de Bolaños.
Además, la reforma especifica qué delitos pueden ser objeto de acusación popular, incluyendo casos de corrupción, violencia de género y financiación ilegal, entre otros, enfocados en proteger los intereses colectivos más que los partidistas.
Respecto al apoyo parlamentario, Bolaños ha expresado optimismo sobre la colaboración de Sumar, a pesar de las diferencias previas, y ha hecho un llamado a todas las fuerzas políticas para asegurar el avance de la legislación, distinguiéndola de una proposición similar del PSOE en enero que no prosperó.
