El Gobierno ha dado este martes luz verde a un anteproyecto de ley para incorporar al ordenamiento español la directiva europea conocida como 'Anti-SLAPP', que "está destinada a proteger a quienes participan en el debate público, como los periodistas o los activistas, frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas".
Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha subrayado que la iniciativa busca impedir "persecuciones judiciales, con demandas infundadas, con la finalidad de evitar que puedan desarrollar su tarea".
"Se trata de evitar conductas intimidatorias a periodistas y a activistas de derechos humanos que se materializan con la interposición infundada de demandas civiles abocadas a la desestimación pero que, por el camino, tratan de restringir, de limitar, de impedir la tarea de estos profesionales", ha señalado el ministro.
Bolaños ha apuntado que, "afortunadamente en España, esto no sucede con demasiada frecuencia", aunque ha advertido de la existencia de "litigios transfronterizos". Por ello, el texto prevé que asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades "puedan ser parte en procedimientos judiciales", junto con la persona demandada, "para apoyarle, cubrirle y acompañarle".
El ministro ha precisado además que "se exigirán cauciones mucho más elevadas a los demandantes para cubrir las eventuales costas que dé lugar a la desestimación de la demanda" y que se implantarán "procedimientos muy ágiles de desestimación temprana de la demanda cuando sea manifiestamente infundada", de forma que "en pocas semanas se pueda resolver".
Para hacer efectiva esta directiva, Bolaños ha detallado que se aprobará una ley ordinaria "que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional" y otra reforma específica que afectará a "la Ley Orgánica del Poder Judicial".
LAS PRUEBAS DIGITALES, "FUNDAMENTALES"
En paralelo, el ministro ha comunicado la aprobación de otra reforma destinada a trasponer un reglamento europeo que permitirá "poder actuar con rapidez, con agilidad, con eficacia para impedir que se pierdan" las pruebas digitales en los procedimientos judiciales, "sobre todo transfronterizas".
"Hablamos de crimen organizado, de mafias que actúan en distintos países simultáneamente. Esas investigaciones judiciales, esas investigaciones penales, buena parte de ellas dependen de pruebas digitales" que, según Bolaños, son "fundamentales".
De acuerdo con su explicación, la normativa española, una vez adaptada, incorporará dos nuevas órdenes europeas de alcance transfronterizo: una "para entregar las pruebas digitales que se han obtenido en un país diferente de la Unión Europea" y otra "para advertir a una tecnológica, a una compañía que conserve esos datos".
Lo más destacado, ha indicado, es que, "por primera vez", se habilita a los jueces nacionales, a los fiscales y, "en condiciones de extrema urgencia", a la policía judicial para que "acudan y soliciten directamente a la tecnológica" la conservación o la entrega de la evidencia digital.
Los prestadores de servicios dispondrán de un plazo máximo de hasta diez días para responder, que en determinados supuestos podrá reducirse a cuatro horas, ha precisado el ministro, quien ha añadido que esta regulación "aplicará cuando el delito y las pruebas se soliciten entre diferentes países de la Unión".