QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este miércoles un Pleno ordinario donde ratificará a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), cargos que ocupaban ya de forma interina, tras la retirada de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, para desencallar ambos nombramientos.
Fue el pasado octubre cuando el CGPJ convocó estas y las otras dos presidencias del TS que estaban vacantes: las de las salas de lo Civil y lo Social. Meses después, en febrero, el Consejo decidió desgajar esas dos plazas para poder avanzar en la política de nombramientos, situando al conservador Ignacio Sancho –candidato único– en la Sala Primera y a la progresista Concepción Ureste en la Sala Cuarta, descartando así a su rival conservador Juan Molins.
Desde entonces, el CGPJ ha protagonizado varios intentos de sacar adelante los otros dos nombramientos, cuya importancia radica en que la Sala de lo Penal es la llamada a investigar y juzgar aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados –como José Luis Ábalos–, entre otros altos cargos, como el fiscal general; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos planteados.
Ya en mayo, la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, siendo la tercera vez que iba a Pleno y la primera que se votaba –con un resultado de diez a diez, con todo el bloque progresista apoyando a Ferrer y Teso, y todo el conservador a Martínez Arrieta y Lucas, más el voto en blanco de la propia Perelló–, decidió devolver el asunto a la Comisión de Calificación, para dar tiempo a la negociación, según precisaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Fuentes consultadas ya avisaron de que la intención de la presidenta era hacer estos nombramientos antes de que acabara el curso judicial, si bien en estas semanas las posiciones de los sectores conservador y progresista del CGPJ apenas se han movido. Constatado el bloqueo, fueron las propias candidatas quienes movieron ficha el pasado jueves.
Ferrer y Teso retiraron sus candidaturas para evitar que la falta de acuerdo conduzca a un nuevo fracaso que, a su vez, lleve a declarar desierta la convocatoria, abrir la terna a otros aspirantes y, con ello, dilatar la situación de interinidad en la presidencia de las dos salas clave del alto tribunal, de acuerdo con fuentes jurídicas.
«INTERÉS DE SERVICIO PÚBLICO»
«Ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar», dijo Ferrer en una carta a Perelló.
En la misiva, explicó que «ninguna de las salas» del TS, «pero aún menos la Sala Segunda, dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones».
En este sentido, alertó de que «la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y en particular en el funcionamiento de los tribunales de Justicia, se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas».
Teso, en la misma línea, plasmó en su propia misiva a Perelló que se retiraba, ante «la imposibilidad de consenso en el seno del CGPJ, y las nulas perspectivas de acuerdo», para «evitar que la situación de interinidad en la Presidencia de la Sala Tercera se cronifique, lo que erosiona su función institucional e impide encarar los desafíos que el futuro depara».
El bloque progresista defendía que Ferrer y Teso eran las candidatas con el mejor programa de gobierno para sus salas, así como que estaban en disposición de ejecutarlo porque podían completar los cinco años de mandato asociados al cargo –renovables por otros tantos–, a diferencia de Lucas y Martínez Arrieta, cuya jubilación está prevista para julio de 2026 y abril de 2027, respectivamente.
Por contra, los vocales conservadores –que las describían como «las candidatas del Gobierno»–, destacan la veteranía de Martínez Arrieta –número uno del escalafón judicial– y Lucas –número tres–; su excelencia jurídica; y que ya ocupan el cargo: desde el pasado diciembre en el caso del primero, tras expirar el mandato de Manuel Marchena, y desde diciembre de 2022 en lo tocante al segundo, por la salida de César Tolosa al Tribunal Constitucional (TC).
SIN RIVALES
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que ambas han actuado de ‘motu propio’, en una decisión personal, tras constatar que no obtendrían los 13 votos necesarios para obtener la plaza.
No obstante, algunas voces también apuntan a las «presiones» sufridas por Ferrer y Teso en el seno de sus respectivas salas para que no rivalizaran con Martínez Arrieta y Lucas, vistos como veteranos que merecen este colofón a su carrera profesional.
A ello, suman el «veto encubierto» de Perelló a Teso por «una animadversión personal ampliamente conocida», así como el temor a que al reabrir la terna se postularan candidatos menos idóneos –desde la perspectiva progresista– que Martínez Arrieta y Lucas, percibidos como moderados.
Esta tormenta perfecta despejó el camino a los dos candidatos masculinos, que recibieron el aval de sus ya ex contrincantes. Ferrer señaló a Martínez Arrieta como «un candidato de prestigio incuestionable» al que dijo ofrecer su «leal colaboración» para mejorar el funcionamiento de la Sala Segunda. Y Teso expresó su confianza en que Lucas «desempeñará perfectamente las funciones del cargo».
Así las cosas, se espera que queden ratificados en este Pleno con el apoyo unánime del bloque conservador y varios progresistas, aunque algunos podrían manifestar su descontento votando en blanco y con votos particulares.
En todo caso, se espera que sea una votación con el suficiente margen para que Perelló no tenga que visibilizar su apoyo a los candidatos encumbrados por el sector conservador, pese a que los vocales progresistas le reprochan que, siendo ella misma en su día candidata progresista al puesto que hoy ocupa, no haya respaldado con firmeza a Teso y Ferrer o, al menos, a esta última.
UNA TREINTENA DE NOMBRAMIENTOS
Fuentes del ala progresista señalan que, si bien no se plantean vetar a Martínez Arrieta y Lucas, sí esperan que el sector conservador valore el gesto de las dos magistradas y haga ciertas concesiones en la treintena de nombramientos que siguen pendientes y que también se abordarán en este Pleno. Para sacarlos adelante, las partes han estado negociando hasta el último minuto.
Este CGPJ comenzó su andadura hace un año, después de que el anterior Consejo estuviera más de cinco años en funciones por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para renovarlo, una situación de interinidad que, tras un cambio legal, provocó que desde marzo de 2021 no pudiera hacer nombramientos discrecionales.
Como consecuencia, el actual CGPJ heredó más de cien nombramientos pendientes en la cúpula judicial, a los que se fueron sumando otros por las vacantes generadas desde su toma de posesión. De acuerdo con datos del propio Consejo, ya ha efectuado 135, de los cuales solo 58 han recaído en mujeres.
Esto último también ha generado un debate aún no zanjado en el CGPJ sobre cómo aplicar la regla de paridad. Mientras que los progresistas esgrimían que debía aplicarse a cada ‘pack’ de nombramientos –lo que habría favorecido a Ferrer y Teso–, los conservadores sostenían que debía observarse en el conjunto de la carrera judicial.
