El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto de forma unánime este miércoles que Teresa Peramato es apta para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo (TS). García Ortiz fue el único candidato que el órgano judicial consideró anteriormente ‘no idóneo’ para este puesto.
Durante un Pleno extraordinario que empezó a las 12:00 horas, el CGPJ tenía como único objetivo evaluar el informe obligatorio para el nombramiento del jefe del Ministerio Público. Este informe verifica si el candidato propuesto por el Gobierno cumple con los requisitos legales de ser un jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia.
Según fuentes del CGPJ citadas por Europa Press, los miembros del Consejo no encontraron objeciones en la candidata seleccionada por el Ejecutivo, concluyendo la evaluación en apenas quince minutos con la unanimidad de los asistentes, a excepción de un vocal que no pudo estar presente.
El informe del CGPJ ha sido tradicionalmente favorable hacia los candidatos propuestos por el Ejecutivo, excepto en el caso de García Ortiz, a quien inicialmente aprobaron, pero posteriormente, en su intento de renovación, lo declararon ‘no idóneo’.
El anterior CGPJ, de mayoría conservadora, se opuso a la continuación de García Ortiz basándose en una sentencia del Tribunal Supremo que detectó una ‘desviación de poder’ al ascender a Dolores Delgado, su predecesora inmediata, a la categoría más alta de la carrera fiscal. Además, criticaron su política de nombramientos discrecionales y su inactividad frente a las acusaciones de ‘lawfare’ contra los fiscales del ‘procés’.
Este severo juicio fue mal recibido por el sector progresista del CGPJ, que consideró que sus colegas conservadores se habían excedido al emitir un informe que debía limitarse a revisar solo los dos requisitos legales.
A pesar de la opinión negativa del CGPJ, el proceso de renovación de García Ortiz continuó adelante, dado que el informe del Consejo para nombrar al fiscal general del Estado es obligatorio pero no vinculante. El PP ha propuesto que este informe sea vinculante en el futuro y que se exijan 20 años de experiencia profesional, propuesta que el Gobierno ha rechazado calificándola de ‘ocurrencia’.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que la dimisión de García Ortiz ha dado inicio al procedimiento para su sustitución. Bolaños explicó que el proceso comienza con la solicitud del Gobierno al CGPJ para emitir el informe necesario, seguido de la comparecencia de Peramato ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, aunque este examen tampoco es vinculante.
Finalmente, solo resta que el Rey formalice el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para oficializar a Peramato como la cuarta fiscal general del Estado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Peramato, progresista y especialista en la lucha contra la violencia de género, es respetada por sus colegas tras 35 años de carrera, aunque algunos critican su ‘carga ideológica’ por su vinculación a UPF. Su mayor desafío será cerrar la brecha interna que se ha formado en los últimos años y restaurar la imagen del Ministerio Público.











