QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Cristina Álvarez, colaboradora de Begoña Gómez en Moncloa, ha decidido este miércoles ejercer su derecho a no declarar frente al magistrado Juan Carlos Peinado por la supuesta infracción de malversación ligada a su empleo en Moncloa.
Fuentes del ámbito jurídico han informado a Europa Press que Álvarez, quien estaba convocada a declarar a las 11.00 horas ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, ha tomado tal decisión en una parte del proceso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se anticipa que Gómez testifique a las 12.00 horas, también citada por supuesta malversación.
Es la tercera vez que Álvarez se presenta ante el juez Peinado. Inicialmente lo hizo como testigo, debiendo responder con verdad a todas las partes del procedimiento; en una segunda ocasión, se presentó como investigada y solo respondió a las preguntas de su abogado, José María de Pablo.
La Audiencia Provincial de Madrid invalidó su declaración como testigo y solo reconoció válida la declaración donde se presentó como investigada. Este tribunal también excluyó la posibilidad de atribuirle a Álvarez un delito de malversación por su contratación, argumentando que tal delito solo podría imputarse a quienes estuvieron involucrados en su designación y pago. Sin embargo, se consideró que podría investigársele por un presunto delito de tráfico de influencias debido a su supuesta amistad previa con Begoña Gómez antes de ocupar el cargo.
UN AÑO Y CINCO MESES DE INVESTIGACIÓN
Aunque el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había comenzado a investigar la supuesta malversación en el nombramiento de Álvarez, no fue hasta el 18 de agosto que imputó este delito ni a Gómez ni a su asesora. En mayo, se descartó investigarlas por malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
En esta parte del caso, el único investigado era el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien se desligó del nombramiento durante su declaración como imputado en mayo, habiendo ocupado el cargo de secretario general de la Presidencia en julio de 2021.
Hasta que Peinado extendió el proceso en agosto, Begoña Gómez estaba siendo investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
La investigación inició en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, que acusaba a Gómez de usar su posición como esposa del presidente del Gobierno para influenciar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha abierto nuevas ramas de investigación por querellas de Hazte Oír y Vox sobre presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra dirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.
NIEGA LA MALVERSACIÓN
Al igual que la defensa de Gómez, la de Álvarez ha solicitado recientemente en la Audiencia Provincial de Madrid que se rectifique la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación por su nombramiento en la Presidencia del Gobierno. En un recurso directo de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, ha insistido en que no podía atribuírsele dicho delito por haber enviado correos como asesora de Gómez.
«¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa», ha alegado.
De igual forma, su defensa ha recalcado que con esta imputación Peinado «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye».
Su abogado ha insistido en que el juez «contradice» su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid por los mismos hechos.
