QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La confrontación en Gaza ha trascendido a la esfera judicial española a través de diversas iniciativas procesales. Por un lado, la Fiscalía ha emprendido una investigación sobre los actos perpetrados por el ejército israelí en el territorio palestino con el fin de colaborar con la justicia internacional; por otro lado, en la Audiencia Nacional, se tramita una causa por el fallecimiento de dos ciudadanos españoles en un ataque de Hamás y está pendiente la aceptación de una querella por el asalto a la Flotilla de la Libertad.
El jueves se reveló que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, mediante un decreto, ha constituido un equipo especial para indagar sobre los crímenes ejecutados por las fuerzas israelíes en Gaza, contemplando delitos como genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Dolores Delgado propuso iniciar estas investigaciones tras recibir un informe de la Comisaría General de Información sobre acciones posiblemente contrarias al Derecho Internacional.
El decreto resalta que los actos descritos podrían constituir serias infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tipificados en los artículos 607 y subsiguientes del Código Penal. A pesar de la limitación de la justicia universal en España desde 2014, se menciona que se cumplen los requisitos legales necesarios para proceder, basándose en el artículo 23.4 p) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, se menciona el informe de una comisión de la ONU que tilda los sucesos en Gaza de genocidio e insta a colaborar con la investigación del TPI. García Ortiz enfatiza la importancia de cooperar con la corte de La Haya. Antes de estas medidas, la Audiencia Nacional ya abordaba temas relacionados con el conflicto en Gaza, incluyendo una investigación sobre la desaparición de dos españoles y una querella contra líderes de Hamás por terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, se presentó una querella en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y altos mandos militares por el ‘asalto’ al barco de la Flotilla de la Libertad, aunque la Fiscalía se opuso a investigarla, citando procedimientos ya en curso en el TPI.
