QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En un enfrentamiento de cifras, las asociaciones de jueces y fiscales, que han convocado paros para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas propuestas por el Gobierno en relación con el acceso a estas profesiones y la estructura de la Fiscalía, han evaluado la participación en el segundo día de huelga en un 70%. Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha reducido esta cifra a un 30%.
«Según los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas, la incidencia del paro el 2 de julio ha sido del 30,84%», declaró Félix Bolaños, ministro de Justicia, a través de la red social X.
La discrepancia no termina ahí, ya que varias asociaciones, excluyendo a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), reportaron a mediodía un seguimiento del 70%. Según un comunicado conjunto de estas asociaciones, la estimación se basa en «los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga».
Además, las entidades convocantes han expresado su descontento porque, según alegan, «por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas». No obstante, se muestran esperanzados de que los servicios mínimos esenciales planificados por el comité de huelga hayan mitigado el impacto directo sobre la ciudadanía, asegurando la atención urgente e inaplazable.
En la jornada inicial, las asociaciones ya habían reportado un seguimiento del 75%, frente al 28% estimado por el Ministerio. Las reformas objeto de la protesta son vistas por las asociaciones como un ataque a la independencia judicial y, por consiguiente, al Estado de Derecho, afirmación que el ministerio dirigido por Félix Bolaños refuta, insistiendo en que los cambios son cruciales para la modernización de la administración de justicia.
