El exmarido de Lucía Garrido, ya condenado por el asesinato de esta mujer en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en 2008, ha prestado declaración este jueves ante el tribunal del jurado que le juzga por la muerte a tiros de dos hombres que irrumpieron en su vivienda un año después de aquel crimen. Durante su testimonio, ha reiterado que actuó en legítima defensa ante la presencia de ambos.
Así lo ha indicado a Europa Press su abogado, Guillermo Smerdou, quien ha señalado que su defendido ha relatado ante los miembros del jurado “lo que ocurrió”, en la misma línea de lo ya manifestado con anterioridad; es decir, que disparó en defensa propia y por temor a perder la vida, tras encontrarse a los dos individuos armados dentro de su finca y después de que, según su versión, le efectuaran varios disparos.
Tras escuchar al procesado, las partes han ratificado sus posiciones iniciales. De un lado, la Fiscalía y la defensa mantienen que concurre la circunstancia eximente completa de legítima defensa, lo que dejaría sin responsabilidad penal al acusado. En el lado opuesto, las acusaciones particulares y populares sostienen que no existió tal defensa y reclaman penas de prisión.
Está previsto que este viernes las partes desarrollen sus argumentos en los informes finales ante el jurado. Los hechos que se analizan en este procedimiento se remontan a abril de 2009, un año después del asesinato de su exmujer en la misma finca, un crimen por el que este hombre fue condenado, aunque la resolución se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
Según el relato del fiscal y de la defensa, el acusado se hallaba en su domicilio cuando dos hombres de nacionalidad colombiana llegaron a la finca acompañados de otras personas no identificadas y armados con pistola y revólver, con la intención de “sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaba en su interior”.
De acuerdo con esta versión, al oír ruidos, el procesado salió al jardín con una escopeta y fueron los dos intrusos quienes abrieron fuego contra él. En ese momento, “con el fin de proteger su vida y mientras recibía los disparos, realizó dos disparos con su escopeta” que impactaron en cada una de las víctimas, causándoles la muerte.
Por el contrario, las acusaciones que representan a las familias de los fallecidos y a la AUGC mantienen que el acusado tenía conocimiento previo del asalto y se colocó en un punto desde el que no podía ser visto, permaneciendo “camuflado, mimetizado con el entorno” hasta que los dos hombres accedieron al interior de la finca y avanzaron hacia donde él se encontraba. Según esta tesis, cuando se hallaban a muy poca distancia, “abrió fuego” contra ambos.
Para la Fiscalía, igual que para la defensa, los hechos encajarían en dos delitos de homicidio, pero con la aplicación de la eximente completa de legítima defensa, lo que excluiría la imposición de penas de cárcel.
En cambio, las acusaciones particulares y populares califican los hechos como delitos de asesinato u homicidio, según los distintos planteamientos, sin apreciar circunstancias que supriman o rebajen la pena. Por ello, solicitan que se le impongan penas de 25 ó 20 años de prisión, respectivamente, por cada una de las muertes.