El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha calculado en 812 millones de euros el valor del cargamento de 30 toneladas de cocaína interceptado la pasada semana en las proximidades de Canarias. Se trata de uno de los mayores alijos decomisados hasta la fecha, localizado en fardos ocultos en el interior de un buque.
Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado describe con detalle cómo se produjo el abordaje de la embarcación, efectuado a última hora de la tarde del 1 de mayo.
Durante el operativo fueron arrestados los 23 miembros de la tripulación. Tras pasar a disposición judicial, Moreno acordó para todos ellos prisión provisional como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, además de tenencia de armas y sustancias inflamables.
De acuerdo con el auto, los agentes de la Guardia Civil que participaron en el dispositivo localizaron inicialmente a 17 tripulantes, tal y como había indicado el capitán del barco. Poco después, los efectivos hallaron a otros seis hombres escondidos en una zona de proa y armados con fusiles, según recoge la resolución.
En el registro se intervinieron tres fusiles con dos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir.
El buque, con pabellón de las islas Comoras, en el sureste africano, fue interceptado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en aguas próximas al Sáhara Occidental y trasladado posteriormente al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Había zarpado de Sierra Leona y su destino previsto era Libia.
Durante la inspección de la nave, en la zona de popa, los agentes localizaron una puerta metálica que conducía a compartimentos interiores del barco, donde se descubrió “una galería de gran longitud” con “bultos similares” a los empleados habitualmente para transportar drogas. La Guardia Civil se incautó en total de 1.279 fardos de cocaína con un peso de 30,2 toneladas.
En el auto, Moreno, que inició las diligencias tras una querella de la Fiscalía Antidroga, respalda la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para los 23 tripulantes por el “riesgo de fuga” y la “gravedad” de las penas a las que podrían enfrentarse.
El magistrado tiene en cuenta igualmente la posibilidad de que reincidan en conductas delictivas y de que, en libertad, puedan entorpecer la investigación, dado que aún no se han esclarecido por completo las circunstancias de los hechos ni la situación personal de los acusados.