El Tribunal Supremo ha dejado esta semana visto para sentencia el proceso penal en el que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se enfrentan a duras penas de prisión. Han sido 14 sesiones de vista oral y más de 70 testigos, varios de ellos acogidos a su derecho a no declarar al estar investigados en la Audiencia Nacional (AN) por el denominado “caso Koldo”.
Personas del círculo más cercano de Ábalos, Koldo y Aldama han respondido a las preguntas de las partes para precisar qué sabían sobre la supuesta participación de los acusados en los hechos que se juzgan ante el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
A lo largo de más de un mes de juicio, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular impulsada por el PP y las defensas han centrado sus interrogatorios en el rol del exministro, su asesor y el empresario en la adjudicación de contratos de mascarillas, la posible existencia de una organización criminal y la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez en empresas públicas.
Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. En el caso de Aldama, solicita siete años por los tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, motivo por el que se le aplica la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares que lidera el PP elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario interesan cinco años y dos meses.
¿Una red criminal? “Quien paga, manda”
Uno de los ejes del juicio ha sido determinar si existió o no una organización criminal, si estaba encabezada por el exministro y si a través de esa supuesta estructura se ejecutaron los hechos delictivos.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, defendió que los acusados integraban una “verdadera organización criminal” y se detuvo en aclarar que, en contra de lo que sugirió Aldama, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez “no era el número uno”.
“No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama”, sostuvo el fiscal en sala.
Luzón subrayó que Ábalos era “denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama”. Y resaltó el “matiz” aportado por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, quien afirmó que “quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama”.
Las defensas de Ábalos y Koldo, que reclaman la absolución, rechazaron que hubiera una organización criminal. El abogado de Aldama, por su parte, sostuvo que, de existir, “no es solo a nivel vertical”, sino que “es transversal”, señalando a otros dirigentes, entre ellos Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE e investigado en la AN.
El rastro del dinero
En su declaración, Aldama afirmó que entregaba 10.000 euros mensuales a Ábalos y a Koldo, procedentes de las “obras públicas” que se le iban adjudicando supuestamente de forma irregular desde el Ministerio de Transportes.
“Se empiezan a dar contratos y las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero, hago entregas en el Ministerio y en la casa de Ábalos en El Viso. Esto era constante porque empieza una ruleta, empiezan a caer licitaciones”, relató ante el tribunal.
Ábalos y Koldo han negado que existan pruebas de que recibieran ese dinero y han ofrecido explicaciones alternativas sobre el aumento de su patrimonio. El exasesor sostuvo que manejaba grandes cantidades en metálico derivadas de su trabajo como asesor, asegurando que adelantaba gastos del Ministerio y de la Secretaría de Organización del PSOE, que luego se le devolvían también en efectivo, incluso los personales del exministro.
El exresponsable de Transportes discrepó de los 94.000 euros en diez años sin declarar que la UCO le atribuye. “He hecho las cuentas y sale bastante menos”, señaló, para añadir que “si hubiera dinero, aflora”.
“Aldama el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y la localización de ese dinero”, afirmó en su comparecencia como acusado.
En su último turno de palabra, insistió en rechazar cualquier pago de comisiones por parte de Aldama: “10.000 euros mensuales a repartir, ¡qué barato soy!”
La compra de mascarillas en plena pandemia
Las operaciones para adquirir mascarillas por parte de empresas dependientes de Transportes a la mercantil Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, han sido otro de los puntos decisivos del juicio. El debate se ha centrado en el supuesto cobro de mordidas y en la orden que elevó un pedido de cuatro a ocho millones de unidades.
Según declaró Koldo como acusado, Aldama le trasladó que podía proporcionar material sanitario durante el estado de alarma. “Jamás, y digo jamás, me dijo que pertenecía a Soluciones de gestión o que había cobrado algo por las mascarillas con contratos que tenía él”, aseguró, defendiendo que se limitó a “intentar ayudar”: “En todo lo que pude y en lo que me pedían”.
El exasesor y Ábalos negaron haber cobrado dinero de Aldama para favorecer a Soluciones de Gestión en la adjudicación del contrato de mascarillas.
Respecto a la decisión de duplicar el pedido, funcionarios del Ministerio la justificaron como una resolución técnica derivada de un estudio de necesidades. Sin embargo, auditoras del propio departamento resaltaron que en “apenas 13 minutos” se pasó de cuatro a ocho millones de mascarillas y que consta que el presunto conseguidor, al que el secretario general de Puertos “le remite esa orden”, estaba informado.
El empresario explicó en sala: “Compramos ocho millones porque era un problema en China comprar mascarillas”. El entonces secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, reaccionó preocupado y le dijo: “Estáis locos, cómo vais a hacer esto”.
Aldama replicó que ya se había “arreglado” y que se había decidido adquirir ocho millones. “Pero yo no tengo hablado con mi presidente ocho, tengo cuatro”, respondió Sánchez Manzanares, a lo que el empresario zanjó: “Álvaro, no es mi problema, arregladlo entre vosotros”.
El piso y la contratación de Jéssica
Otra de las líneas de investigación ha girado en torno a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que residió alrededor de dos años en un piso del centro de Madrid sufragado por un socio de Aldama, considerado por las acusaciones como un posible regalo del empresario a los coacusados.
Ábalos y Koldo trataron de acreditar que conocieron a Jéssica a través de Aldama, extremo que tanto el empresario como la propia mujer negaron. El exministro dedujo de ese cambio de versión que su expareja pudo haber sufrido presiones por parte del presunto conseguidor.
Según la investigación, Ábalos habría maniobrado para que Jéssica accediera a puestos en empresas públicas. Su currículum llegó a manos de Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, que lo remitió a Ineco. Pardo de Vera aseguró que lo hizo sin exigir su contratación y que ordenó no renovarla cuando supo de su relación con el exministro, al entender que existía un “conflicto de interés claro”.
“Me tienen que reprochar en mis años de ministro dos contratos temporales y porque son dos señoritas, que con una tuve una relación...”, alegó Ábalos sobre los contratos de su expareja y de otra mujer, Claudia Montes, en empresas públicas.