Javier Herrero, exdirector de Carreteras implicado en el caso ‘Koldo’, sostuvo que la intervención en el Puente del Centenario de Sevilla, señalada en una supuesta red de corrupción por adjudicaciones, se declaró de emergencia ante la situación de grave riesgo en la que se encontraba.
En un documento presentado al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, al cual tuvo acceso Europa Press, Herrero incluyó un informe sobre esta declaración de emergencia. La reparación implicaba el reemplazo de los tirantes del puente, afectados por patologías que ponían en peligro su estructura.
CON INFORMES Y AVALES DE TÉCNICOS
El exfuncionario destacó en su escrito que el dossier evidencia las patologías de los tirantes, basado en inspecciones especiales y evaluaciones de seguridad, respaldado por al menos ocho ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Estos profesionales, incluidos funcionarios, señalaron la necesidad urgente de mitigar el riesgo.
Herrero argumentó que su rol como director general de Carreteras justificaba su interés en la rápida aprobación y ejecución de la obra. Su abogado, Jesús Mandri, subrayó que Herrero estaba comprometido con la seguridad de la red de carreteras, recordando incidentes previos en otros puentes que habían resultado en tragedias, como el de Morandi en Génova.
Además, se mencionó que la unidad de la Guardia Civil había malinterpretado un informe al sugerir una adjudicación indebida, ya que no se había propuesto adjudicar la licitación a ninguna empresa específica.
LA VERSIÓN DE LOS INVESTIGADORES
Por otro lado, la Guardia Civil investigó conversaciones entre implicados que sugerían intentos de obtener beneficios económicos ilícitos en varias obras públicas, incluyendo la del Puente del Centenario, adjudicada inicialmente por 86,4 millones de euros. Se destacó el conocimiento previo de la licitación por parte de figuras políticas y las presiones para acelerar su aprobación.
La adjudicación final, realizada en mayo de 2021, se cerró en 71 millones de euros, aunque posteriormente el presupuesto se ajustó hasta alcanzar los 128,7 millones, según datos gubernamentales recientes.