QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, los Juzgados de Ferrol han tratado dos demandas que solicitan la anulación de condenas aplicadas durante el franquismo, acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática (20/2022). Estas acciones legales, gestionadas por la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, representan los primeros intentos de anulación de sentencias en Galicia bajo esta legislación.
En concreto, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ferrol ha concluido la vista para sentencia de una demanda presentada por la nieta de Miguel Mendiguchía Real, ejecutado hace 88 años como represaliado del franquismo. La demandante, en calidad de testigo y víctima indirecta, compartió los trágicos eventos que llevaron al asesinato de su abuelo el 25 de agosto de 1936, su posterior entierro en una fosa común y el ‘dolor insoportable’ que ha permeado a su familia durante generaciones.
En su testimonio, detalló cómo su padre, hijo de Miguel Mendiguchía Real, ‘no era capaz de hablar de lo sucedido por el dolor que le causaba’, describiendo el impacto devastador en su abuela y cómo fueron estigmatizados como ‘rojos’. Además, reveló que otros dos hermanos de su abuelo fueron asesinados en 1938, evidenciando una persecución sistemática a su familia.
REPARACIÓN SIMBÓLICA Y NULIDAD DE LA CONDENA
La Fiscalía ha pedido que se active la reparación simbólica y el ‘deber de investigar’, solicitando la nulidad de la condena a reclusión perpetua de Miguel Mendiguchía, conforme al artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, reclama la actualización de la inscripción de defunción en el Registro Civil, reflejando las circunstancias y el lugar exacto de su muerte, y que la sentencia se envíe al Registro Estatal de Víctimas.
OFICIAL DE TELÉGRAFOS
Otra demanda corresponde a José Varela Cachaza, cuyos hijos buscan su reconocimiento como víctima del franquismo. Relataron el hambre, el miedo y la estigmatización sufrida tras la encarcelación de su padre por poseer y compartir un discurso de Indalecio Prieto. Detallaron cómo, tras ser liberado, Varela solo encontró empleos precarios y cómo la familia tuvo que subsistir con ayuda externa y el trabajo de los hijos desde jóvenes.
PETICIÓN DEL MINISTERIO FISCAL
El Ministerio Fiscal, basándose en la Ley de Memoria Democrática, ha pedido la anulación de la condena de José Varela, alegando que fue condenado ‘sin haber cometido delito alguno’ y solo por tener un extracto de un discurso. También solicitan que se envíe copia de la sentencia al Registro Estatal de Víctimas, asegurando el reconocimiento oficial de su caso.
