Se han iniciado diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía de Madrid para investigar accesos no autorizados a sistemas informáticos de algunos senadores desde sus ordenadores en la Cámara Alta, según informaciones de ‘eldiario.es’ confirmadas por fuentes fiscales a Europa Press.
Este procedimiento por parte del Ministerio Público surge tras una investigación del Senado sobre dos empleados desvinculados que accedieron a los equipos de varios senadores, explorando además si, más allá de estos dos individuos, otros empleados de la institución pudieron haber actuado de manera similar.
El Senado determinó que el acceso de los empleados cesados fue meramente «personal», motivado por un proceso de promoción laboral. A pesar de ello, estos trabajadores sugirieron que otros también habían ingresado a los equipos de varios senadores, llevando a la institución a verificar si estos accesos fueron legales o ilegales, concluyendo que fueron legítimos.
Según el informe de la secretaría general del Senado, al que Europa Press tuvo acceso, se indica que los técnicos accedieron a sistemas digitales como parte de «ejercicio de sus funciones (para realizar labores como la corrección de incidencias, actualización de versiones, etc.)».
El documento aclara que «no ha existido ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado» por parte de los dos empleados despedidos, tampoco se ha dado «ningún espionaje ni robo de información».
El informe también enfatiza que «Nadie ha accedido a los ordenadores personales de los senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso», negando cualquier infiltración masiva en la identidad digital de los senadores.
Desde el Senado se subrayó que los infractores «utilizaron usuarios con permisos de administración, esto es, permisos de los que disponían para el desempeño de sus cometidos profesionales, ya que las claves de los senadores no pueden conocerse por el personal TIC puesto que se almacenan encriptadas».
Está confirmado que estas dos personas despedidas accedieron ilícitamente a los portafirmas digitales de varios funcionarios de la Secretaría General, pero a «ningún portafirmas de senadores», descargando varios documentos relacionados con el personal de la Dirección y procesos de promoción profesional. El Senado cortó el acceso a estos portafirmas en cuanto se detectaron los hechos.