QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat se ha confirmado que únicamente se notifica a la Fiscalía sobre jóvenes migrantes cuando existe una “contradicción indudable, flagrante y manifiesta” entre la fecha de nacimiento documentada y su aspecto físico, de acuerdo con lo reportado por fuentes oficiales a Europa Press.
Esta aclaración llega tras las críticas recibidas en un reciente informe de Irídia y Novact, que evaluó la gestión de la atención a estos menores. Se subraya que la medida busca “garantizar los derechos y el bienestar del conjunto de menores” en el sistema, y prevenir la presencia de adultos en las instalaciones destinadas a la infancia.
Si la Fiscalía determina que son mayores de edad, la Dgppia busca soluciones alternativas de vivienda, ya sea con familiares en España o a través de los servicios sociales. A pesar de que en 2023 se cerraron 356 expedientes al confirmarse la mayoría de edad en las pruebas, hay situaciones en las que los jóvenes permanecen en los centros, con apoyo continuo, especialmente aquellos entre 18 y 21 años que requieren formación o tienen necesidades especiales de salud o discapacidad.
EXPEDIENTES
Un informe presentado por Irídia y Novact reveló que en 2024, 59 sentencias en Cataluña indicaron que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia) había cerrado expedientes de desamparo a niños migrantes, en casos donde se utilizaron pruebas biométricas para establecer su edad. Las entidades criticaron que esto ha llevado a la expulsión de menores de los centros, a pesar de disponer de documentación que verificaba su minoría de edad, dejándolos en condiciones de alta vulnerabilidad.
